Una mujer fue imputada por estafar a los abuelos de su pareja sacando préstamos a sus nombres

La Fiscalía de Sarmiento investiga una estafa por más de $3 millones. La defensa propuso reparar económicamente a los damnificados.

La investigación penal abierta en Sarmiento expone una maniobra que combinó confianza familiar, datos biométricos y préstamos bancarios tramitados a nombre de adultos mayores. La Fiscalía formuló cargos contra Celeste Fernanda Soto Assin, de 35 años, como presunta autora del delito de estafa. La acusación sostiene que utilizó información personal de los abuelos de su pareja para operar digitalmente con el Banco Nación. El perjuicio económico supera los tres millones de pesos y alcanza también a una persona con discapacidad que necesitaba dinero ahorrado para una cirugía.

El caso ingresó formalmente al proceso penal durante una audiencia realizada en la oficina judicial de Sarmiento. El juez Ariel Quiroga aceptó la apertura de la investigación preparatoria de juicio por los hechos y la calificación legal presentada por la Fiscalía. La acusación quedó en manos de la procuradora Marisol Sandoval y de la funcionaria Tamara Bernardi. La imputada contó con la asistencia legal de la abogada particular Claudia Isabel Jones, quien no formuló objeciones al pedido de formalización.

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La hipótesis fiscal ubica el comienzo de la maniobra en la relación de cercanía entre la imputada y las víctimas. Los damnificados pertenecían a su familia política, ya que eran los abuelos de su pareja. Según la denuncia, Soto Assin se ganó primero la confianza de ambos y luego creó en su celular personal un servicio digital de home banking del Banco Nación. Para hacerlo, utilizó datos personales y biométricos de las víctimas, lo que le permitió operar como si fuera una de las titulares.

El primer hecho investigado tuvo como damnificada a la abuela de la pareja de la imputada. La Fiscalía sostuvo que el 30 de octubre de 2024, a las 17:28, Soto Assin realizó dos movimientos electrónicos desde el préstamo solicitado a nombre de la víctima. La primera transferencia hacia su billetera virtual fue por 1.000.000 de pesos. Minutos después ejecutó otra operación por 1.462.500 pesos, también con destino a su propia cuenta digital.

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La consecuencia para la denunciante no terminó en la pérdida inmediata del dinero. La entidad bancaria le informó que debía afrontar 48 cuotas por el préstamo otorgado a su nombre. Esa carga económica amplió el daño, porque el crédito no solo generó una salida de fondos hacia la billetera virtual de la imputada. También dejó a la víctima con una deuda bancaria que, según la investigación, nació de una operación que ella no realizó.

El segundo hecho tuvo como víctima al abuelo de la pareja de Soto Assin. La Fiscalía indicó que se repitió el mismo mecanismo digital para obtener un crédito del Banco Nación. En ese caso, el perjuicio económico fue de 640.000 pesos, suma que también se transfirió de inmediato a la billetera virtual de la imputada. Para las investigadoras, esa reiteración permite sostener una modalidad de actuación organizada alrededor del acceso indebido a datos bancarios.

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El expediente incorporó además una derivación especialmente sensible. Una de las damnificadas figura como apoderada legal de su hija, una persona con discapacidad. Según la Fiscalía, la estafa impidió utilizar dinero reservado para una cirugía de piernas a la que debía someterse esa persona. Ese dato desplazó el daño más allá de la pérdida patrimonial inicial y puso en primer plano una consecuencia concreta sobre la salud y la organización familiar de las víctimas.

La acusación sostiene que Soto Assin manipuló informáticamente los datos del sistema bancario del Banco Nación. La Fiscalía afirma que la operación hizo creer al sistema que quien realizaba los movimientos era la titular de la cuenta, cuando en realidad intervenía la imputada. También se indicó que parte del dinero transferido se utilizó para pagar servicios de telefonía y distintas compras. Ese recorrido del dinero forma parte de las medidas que deberán completarse durante la investigación.

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La defensa propuso abordar el caso mediante una salida alternativa del conflicto. Según planteó la abogada particular, su asistida está en condiciones de realizar una reparación económica en un solo pago a favor de los damnificados. Esa propuesta no cierra por sí sola el expediente ni reemplaza la investigación ya formalizada. El juez habilitó el avance de la causa y otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía complete las medidas pendientes.

La causa queda ahora en una etapa decisiva para precisar el alcance de la presunta estafa. La Fiscalía deberá reunir evidencia sobre la creación del home banking, el uso de datos biométricos, la solicitud de los préstamos y el destino final del dinero. La defensa, por su parte, intentará encauzar el conflicto mediante una reparación económica. El límite pendiente será definir si esa alternativa resulta viable o si el expediente continuará hacia una instancia de mayor discusión penal.