El fiscal Eduardo Taiano debe evaluar un planteo del trader, que sostiene que los inversores asumieron riesgos propios del mercado cripto.
El expediente por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo planteo defensivo que apunta contra la participación de cinco inversores damnificados como querellantes. El pedido fue presentado por la defensa de Mauricio Novelli, trader y lobista señalado como presunto intermediario entre la Casa Rosada y empresarios del mundo cripto. La decisión quedó ahora bajo análisis del fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación.
La maniobra procesal busca excluir del caso a los inversores Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo. Ese grupo impulsa una acusación privada paralela a la del Ministerio Público Fiscal contra el presidente Javier Milei y otros sospechados dentro de la causa. La representación legal de los querellantes está a cargo del abogado Nicolás Oszust.
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Novelli sostiene que esos compradores de $LIBRA no fueron víctimas de una estafa penal, sino participantes de un mercado volátil y no regulado. En esa línea, su defensa plantea que las pérdidas económicas derivaron de los riesgos propios de operar con activos cripto. Por ese motivo, afirma que no corresponde mantenerlos dentro del expediente como damnificados.
El escrito fue presentado por el abogado Daniel Rubinovich ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Luego de recibir el planteo, el magistrado le corrió vista al fiscal Taiano para que emita opinión. La resolución que se adopte será relevante porque puede modificar el peso de la acusación privada dentro de una causa de alto impacto político.
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La defensa de Novelli también vinculó su pedido con la evolución del expediente. Según su postura, la investigación habría demostrado la “inexistencia” de un engaño penalmente relevante. El planteo intenta sostener que la discusión judicial no debe girar sobre una defraudación, sino sobre operaciones especulativas que terminaron con pérdidas para quienes compraron el activo.
Rubinovich expresó esa posición en un escrito de 46 páginas. Allí afirmó: “El derecho penal argentino no sanciona pérdidas especulativas, malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad de mercado, menos aún si se trata de activos no regulados”. Con ese argumento, la defensa busca desarmar la hipótesis que habilita a los inversores a intervenir como querellantes.
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El planteo también cuestiona el perfil técnico de los damnificados. Para la defensa, los inversores demostraron “conocimientos avanzados” en el manejo de billeteras virtuales descentralizadas y plataformas de intercambio complejas. Esa idea apunta a discutir si actuaron bajo engaño o si asumieron voluntariamente los riesgos de una operatoria financiera de alta volatilidad.
El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando una publicación en las redes sociales del presidente Milei promocionó el denominado Viva La Libertad Project. El posteo incluyó el contrato inteligente para adquirir $LIBRA a través de la red Solana, con el supuesto fin de financiar pymes y emprendimientos locales. Después de esa difusión, la cotización pasó de un centavo de dólar a casi cinco dólares en pocas horas, pero luego se desplomó por ventas masivas atribuidas bajo sospecha a creadores del activo y operadores con información privilegiada.
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La defensa de Novelli también buscó respaldar el posteo presidencial. En el escrito sostuvo: “Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, y agregó: “quien dice la verdad no puede ser responsable de un engaño”. Ese tramo coloca la estrategia defensiva no solo sobre la situación del trader, sino también sobre el rol atribuido al jefe de Estado en el origen público de la operatoria.
Los querellantes habían desplegado una actividad intensa dentro del expediente. Propusieron medidas de prueba y pidieron la indagatoria de Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de otras trece personas, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esa solicitud finalmente no prosperó, pero marcó el nivel de intervención que tuvo la acusación privada en la causa.
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Novelli ya había intentado debilitar a la querella en una instancia anterior junto a su socio Manuel Terrones Godoy, también imputado. Ese planteo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre validó a tres de los damnificados que ahora vuelven a ser cuestionados. Desde la querella preparan una respuesta formal y sostienen que la decisión que los aceptó en el expediente permanece firme.
La discusión que deberá resolver la Justicia no se limita a una cuestión formal de representación. Si el planteo prospera, la causa perderá a un grupo de acusadores privados que venía impulsando medidas y pedidos contra los principales señalados. Si es rechazado, los cinco inversores conservarán su lugar en el expediente, en un caso que también tiene otro grupo de damnificados representados por el diputado nacional Juan Grabois y su equipo legal.
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