La Legislatura extendió beneficios para sociedades locales, con apoyo oficialista, críticas por falta de datos y promesa de nuevas medidas.
Las empresas con domicilio en Chubut tendrán continuidad en los beneficios fiscales previstos por la Ley XXIV N° 116, después de que la Legislatura aprobara este jueves su prórroga. La norma busca sostener incentivos tributarios para sociedades radicadas en la provincia, con el argumento de favorecer la inversión productiva, la capitalización empresarial y la creación de empleo genuino. La votación dejó expuesta una diferencia política entre el oficialismo, que defendió el alivio fiscal como herramienta económica, y la oposición, que reclamó información concreta sobre los resultados del régimen vigente.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno de Ignacio Torres y sancionado con los votos de los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense. En contra se pronunciaron Arriba Chubut, el Pich, el Frente de Izquierda y Chubut Unido. Los legisladores Sergio González, de Chubut Unido, y Tatiana Goic junto con Mariela Williams, de Primero Chubut-CET, no estuvieron presentes durante la sesión.
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La discusión no se centró solo en la prórroga, sino en la información disponible para medir el impacto de los beneficios fiscales. Desde la oposición cuestionaron que el Ejecutivo no haya acercado datos suficientes sobre empresas adheridas, inversión movilizada o empleo incorporado. Esa objeción se transformó en el principal argumento para rechazar una continuidad que, según esos bloques, necesitaba una evaluación previa más precisa.
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para reducir costos y sostener actividad económica en un contexto nacional adverso. El diputado Emanuel Fernández, de Despierta Chubut y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, presentó el proyecto con énfasis en la inversión privada. Sostuvo que “este proyecto es muy importante como herramienta que sirvió y que debe seguir sirviendo para promover la inversión privada, para facilitar la constitución de sociedades, y fortalecer el desarrollo productivo de nuestra provincia en un contexto complicado como el que tenemos en nuestro país”.
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Fernández también vinculó la radicación de sociedades con el movimiento económico provincial. Para el legislador oficialista, cada empresa que se instala o aumenta su capital representa una posibilidad de ampliar la actividad y generar trabajo. En esa línea afirmó: “Cada sociedad, cada empresa que se radica en esta provincia o que decide aumentar su capital, no es más o menos que generar trabajo para la provincia de Chubut, aumentar la inversión privada; es aumentar la actividad económica de la provincia”.
La diputada Vanesa Abril, de Arriba Chubut, cuestionó que la Legislatura debatiera una prórroga sin contar con un informe detallado del Ejecutivo. Planteó que debía intervenir la Inspección General de Justicia con la nómina de empresas incorporadas al régimen. Según remarcó, “consideramos necesario contar con la información por parte del Poder Ejecutivo; en este caso entiendo que debe ser la IGJ quien debería haber acercado o informado la nómina de empresas que se adhirieron a esta normativa para evaluar de manera correcta la prórroga que se está estableciendo en este nuevo proyecto que estamos tratando”.
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El reclamo opositor también incluyó al Ministerio de Producción y a los organismos vinculados con la aplicación del beneficio. Abril señaló que una evaluación correcta requería conocer el universo de empresas alcanzadas y los efectos concretos de la norma anterior. Su bloque sostuvo que la falta de esos datos impedía acompañar la extensión de una política tributaria cuyo resultado, según dijeron, no quedó demostrado durante el debate.
La misma objeción fue planteada por Andrea Toro, diputada del Pich. La legisladora advirtió que no estaban claros los alcances reales del régimen ni su impacto sobre el empleo. Expresó: “No sabemos cuáles fueron, por ejemplo, las sociedades que se beneficiaron con este régimen. No sabemos cuántos trabajadores podrían haber sido incorporados. Es decir, nos falta información y nosotros como diputados a la hora de hacer o extender una prórroga debemos contar con cierta información que el Ejecutivo nos tiene que aportar para que podamos tener un panorama más claro de si es necesario, si fue beneficioso”.
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Desde el oficialismo, Sergio Ongarato, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respondió que la provincia necesita sostener medidas de promoción para la producción. El diputado valoró la continuidad del programa como parte de una política orientada a facilitar el crecimiento empresarial. Dijo que las medidas “además de intentar hacer crecer a las empresas, propenden a generar más puestos de trabajo para los chubutenses, que es en definitiva lo que más nos importa a todos, lo que más le importa al gobernador de nuestra provincia”.
Ongarato también explicó el criterio económico de la prórroga. Según indicó, la ley apunta a disminuir los costos vinculados con la formalización y capitalización de sociedades radicadas en la provincia. En ese sentido señaló: “con esta ley buscamos reducir los costos de la formalización y capitalización de las sociedades radicadas en Chubut. En definitiva, incentivar nuevas inversiones y, como dije, generar la mayor cantidad de condiciones posibles en un marco nacional que resulta adverso”.
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El debate sumó un cruce político cuando Luis Juncos, de Despierta Chubut, respondió a los cuestionamientos opositores. El legislador dijo que el oficialismo escuchó planteos, trabajó en comisiones y modificó errores señalados durante el tratamiento del proyecto. También remarcó: “Estamos en situaciones complejas. Lo que estamos tratando hoy es de darles una mano a las empresas a través de una exención impositiva que estamos extendiendo”.
Juncos adelantó además que el oficialismo trabaja en nuevas exenciones junto al sector privado. Afirmó que algunos proyectos opositores fueron considerados dentro de iniciativas actuales o futuras, aunque no todos salgan aprobados como fueron presentados. En ese tramo sostuvo: “Vamos a acompañar este proyecto, vamos a seguir escuchando a todos los actores, y vamos a seguir impulsando un alivio para todos los que quieran invertir en la provincia”.
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El cierre del posicionamiento oficialista quedó a cargo de Daniel Hollman, presidente del bloque Despierta Chubut. El diputado explicó que la prórroga forma parte de una política de alivio fiscal iniciada el año pasado. Remarcó que la medida busca eximir el pago del impuesto al sello para la constitución de sociedades y defendió su continuidad frente al escenario de recesión nacional.
La ley sancionada dejó dos lecturas enfrentadas sobre la política tributaria provincial. Para el oficialismo, la prórroga sostiene una herramienta de promoción en un momento económico complejo y permite facilitar inversiones dentro de Chubut. Para la oposición, la continuidad del beneficio quedó aprobada sin información suficiente sobre cuántas empresas lo usaron, qué inversión generó y cuántos empleos pudo haber impulsado.
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