¿Por qué Adorni es intocable para Milei y cuánto le cuesta al Gobierno sostenerlo?

El bloque de La Libertad Avanza y sus bancadas aliadas presentarán una nota formal ante la Presidencia de la Cámara alta para forzar una nueva reunión de Labor Parlamentaria este martes a las 18.

La presentación busca revertir de manera drástica el consenso alcanzado el miércoles pasado entre todos los jefes de bloque, donde se había determinado que el pedido de interpelación al jefe de Gabinete se definiría por mayoría absoluta de 37 votos. Esta marcha atrás rompe los puentes de diálogo con los sectores dialoguistas en el Congreso y traslada la discusión hacia un terreno de extrema tensión legal por las denuncias de corrupción que salpican al funcionario nacional.

La estrategia de la Casa Rosada radica en blindar la figura del portavoz y ministro coordinador bajo la premisa interna de que su continuidad no es negociable dentro de la estructura del Ejecutivo. Senadores del oficialismo que responden de forma directa a la Secretaría General de la Presidencia sostienen que el funcionario debe ser considerado un elemento fuera de cualquier discusión con la oposición. Para sostener esta postura, la bancada que responde a los lineamientos de Patricia Bullrich modificó el criterio reglamentario y ahora exige una mayoría calificada de dos tercios, equivalente a 48 senadores, argumentando la falta de dictamen de comisión en los expedientes.

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El endurecimiento de la postura oficialista busca ganar semanas de aire y evitar la exposición del jefe de Gabinete en el recinto antes del inicio del receso invernal de julio. Desde el peronismo calificaron la maniobra como una estrategia dilatoria que busca enfriar el impacto de las investigaciones judiciales en curso. El senador formoseño José Mayans ratificó que el acuerdo previo estipulaba ir directamente a la sesión del jueves 25 de junio y apuntó contra las nuevas exigencias del oficialismo. “La Constitución dice que se necesita mayoría absoluta. Lo que quieren hacer es una artimaña para violar la Constitución”, afirmó el jefe de la bancada opositora. “Sería muy frágil institucionalmente habilitar el tratamiento sin que cuente con dictamen de comisión. Se necesitan los dos tercios. Por eso se llamará a una nueva reunión de Labor Parlamentaria”, argumentaron voceros del bloque oficialista para justificar el cambio de posición.

Los costos políticos de esta protección cerrada repercuten de manera negativa dentro del propio armado libertario en las provincias, donde temen que el blindaje clausure la agenda legislativa del resto del año. Operadores parlamentarios de La Libertad Avanza reconocen en estricto off que la insistencia en salvar al funcionario dinamita los acuerdos con los bloques provinciales que resultan indispensables para votar leyes. La presión ejercida por el Poder Ejecutivo para alinear a los senadores propios genera fisuras internas en un interbloque de apenas 21 voluntades que depende críticamente de figuras independientes como Luis Juez o Francisco Paoltroni.

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El riesgo de parálisis en el Congreso quedó explícito en las advertencias que circulan en los pasillos de la Cámara alta respecto a la vulnerabilidad del oficialismo si abre el recinto sin acuerdos firmes. Diversos legisladores recordaron que un escenario sin control puede derivar en derivaciones imprevistas, un fenómeno que en los bloques del peronismo disidente denominan el efecto Kueider. La senadora jujeña Carolina Moisés impugnó los intentos del jefe de ministros de presentarse en fechas alternativas y cuestionó con dureza los gastos de gestión de la Jefatura de Gabinete. “Es una afrenta que quiera venir al Senado, sería validar su rol como jefe de Gabinete cuando ni siquiera puede explicar cómo se gastó 8 millones de pesos en sábanas”, declaró la legisladora.

Si la bancada gubernamental logra imponer el criterio de los dos tercios y frena el debate sobre tablas, la oposición se verá obligada a tramitar las mociones de preferencia a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Dicha célula legislativa se encuentra presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto, quien junto a Ezequiel Atauche comanda la resistencia reglamentaria en el Senado. El laberinto burocrático de emitir dictámenes y respetar los tiempos reglamentarios estiraría los plazos de convocatoria un mínimo de tres semanas, empujando la definición del conflicto hacia la segunda mitad del año.

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La posibilidad de ampliar los giros hacia tres comisiones en simultáneo constituye otra de las herramientas que evalúa el oficialismo para diluir el avance de los expedientes de control. Esta alternativa vaciaría de contenido el emplazamiento de una semana que la oposición dialoguista le había impuesto a la Casa Rosada para remover al funcionario de sus funciones. En las filas de la oposición admiten que las maniobras técnicas de dilación solo logran prolongar la debilidad del ministro coordinador sin resolver el problema de fondo que debilita al Gobierno.