Ordenan nuevas medidas en la causa por presuntas maniobras con el sistema SIRA

El fiscal Franco Picardi pidió más pruebas, citó testigos y solicitó levantar secretos fiscales, bancarios y bursátiles de personas y sociedades investigadas.

La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de importaciones SIRA y a distintas casas de cambio sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Franco Picardi impulsó citaciones, pedidos de información y el levantamiento de secretos fiscales, bancarios y bursátiles sobre empresarios, operadores y sociedades mencionadas en el expediente. La causa busca reconstruir si existió un circuito irregular para agilizar trámites de importación y acceder a divisas oficiales.

El avance se produjo después de que la fiscalía considerara insuficientes las respuestas aportadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Por ese motivo, Picardi pidió citar como testigos a dos subdirectores de ARCA, con el objetivo de que expliquen cómo funcionaba en la práctica el Sistema de Importaciones de la República Argentina. La Justicia quiere conocer qué áreas intervenían, qué agentes participaban y cómo se aprobaban los trámites bajo investigación.

El sistema SIRA fue utilizado durante el período de restricciones cambiarias para autorizar importaciones y habilitar el acceso al dólar oficial. En el expediente se investiga si determinadas empresas o intermediarios habrían conseguido acelerar trámites a cambio de comisiones. También se analiza el rol de casas y agencias de cambio dentro de una posible operatoria financiera más amplia.

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Entre las medidas ordenadas, la fiscalía convocó a declarar a despachantes de aduana identificados en operaciones SIRA bajo análisis. Sus testimonios serán relevantes para reconstruir el circuito administrativo de las solicitudes y determinar si hubo irregularidades en la presentación, seguimiento o aprobación de los trámites. El objetivo es precisar quiénes participaron en cada paso y qué vínculos tenían con los operadores mencionados.

La causa también incluye nombres vinculados al mundo financiero. Una de las medidas alcanza a una persona autorizada a conducir un vehículo de Elías Piccirillo, que habría registrado numerosos ingresos a su domicilio. Además, fue convocada otra persona que, según la investigación, habría trasladado dinero por instrucciones de Martín Migueles, señalado como una de las figuras centrales del expediente.

Otra testigo citada es una empleada de Arg Exchange S.A.. La fiscalía quiere que declare sobre el presunto envío periódico de reportes a Migueles con información de operaciones diarias realizadas por distintas agencias de cambio. Ese punto podría ayudar a determinar si existía una coordinación entre actores financieros y si esos movimientos tenían relación con las maniobras que se investigan.

Picardi también solicitó al juez el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil, impositivo y los previstos en la Ley 25.246 sobre lavado de activos. El pedido alcanza a Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra, por los vínculos que, según la pesquisa, podrían tener con entidades involucradas en la causa.

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La misma medida fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto. Ambos aparecen señalados en el expediente como presuntos partícipes de una supuesta aceleración irregular de trámites SIRA a cambio del cobro de comisiones. El levantamiento de los secretos permitirá acceder a información patrimonial, financiera y tributaria para comparar movimientos, ingresos declarados y operaciones detectadas.

El fiscal también pidió avanzar sobre Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en conversaciones atribuidas a Migueles. Según la investigación, esa firma habría aparecido vinculada con la creación de una presunta “cuenta espejo”. La medida apunta a determinar si la sociedad tuvo participación real en operatorias financieras, si registró movimientos relevantes y quiénes fueron sus beneficiarios finales.

Otro eje de la investigación será el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Picardi amplió la intervención de PROCELAC para que realice un análisis integral de sumarios financieros y cambiarios instruidos por el Banco Central en relación con las casas y agencias de cambio investigadas. La tarea incluirá el estudio de posibles operaciones de lavado de dinero y la reconstrucción de movimientos patrimoniales.

PROCELAC también deberá elaborar perfiles transaccionales de los involucrados a partir de información de entidades financieras y agentes bursátiles. Esa revisión buscará detectar inconsistencias patrimoniales, identificar beneficiarios finales y reconstruir posibles rutas del dinero. Para la fiscalía, esa información puede ser clave para establecer si las presuntas maniobras administrativas con SIRA estuvieron conectadas con operaciones cambiarias o financieras irregulares.

Las nuevas medidas no implican una definición de culpabilidad, sino una ampliación de la investigación. La Justicia intenta ordenar información dispersa, citar testigos con conocimiento técnico y acceder a datos protegidos por secreto fiscal o bancario. El expediente entra así en una etapa de mayor profundidad probatoria, con foco en el funcionamiento del sistema SIRA, el rol de intermediarios y la posible participación de casas de cambio en una operatoria bajo sospecha.