Parálisis en las comisarías de Santa Cruz: los policías acuartelados no reciben ni denuncias
Actualidad20/06/2026
REDACCIÓNEl personal subalterno mantiene suspendido el procesamiento de actas judiciales y certificados de domicilio. Rechazaron las sumas fijas estatales ante el riesgo de quitas salariales.
El procesamiento de expedientes judiciales, actas por delitos menores y certificaciones civiles quedó completamente interrumpido en las sedes policiales de la zona norte santacruceña. Las oficinas de atención al público de las cinco comisarías de la jurisdicción suspendieron la recepción de denuncias formales, lo que significa en la práctica que el personal no mueve papeles administrativos de ningún tipo. Este bloqueo burocrático coincide con un incremento de reportes vecinales en redes sociales sobre robos de cubiertas e incidentes callejeros que no logran asentarse en los libros oficiales.
La firme postura de los uniformados autoconvocados se apoya en el rechazo técnico a las pautas de recomposición salarial que ofreció el Ejecutivo provincial. Los delegados de la fuerza descartaron las nueve alternativas presentadas en la mesa sectorial del Consejo del Salario debido a la inclusión de montos no remunerativos. El vocero de los agentes, Víctor Cortés, fundamentó la negativa al señalar de forma directa que “no queremos sumas en negro porque si las aceptamos corremos el riesgo que nos las quiten por la aplicación de una Ley de Emergencia Económica”.
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La pretensión económica del sector busca modificar de raíz el esquema de liquidación de haberes mediante la actualización del valor punto. Los trabajadores exigen elevar ese indicador básico hasta los 4.400 pesos, una cifra que contrasta fuertemente con la base actual que se ubica en 2.078,44 pesos. La última contraoferta oficial del gobierno provincial fijaba el punto en 2.355,44 pesos, una suma que los representantes consideraron insuficiente para cubrir la realidad de la familia policial.
El aspecto exterior de las jefaturas regionales denota la magnitud de la retención de tareas que lleva adelante el escalafón subalterno. Decenas de camionetas y autos patrulleros permanecen alineados y estacionados sin actividad en los accesos vehiculares principales y en el patio de la Dirección Regional Norte. Los efectivos desde el rango de agente hasta suboficial principal asisten a sus puestos de facción armados y vestidos de civil, limitando sus salidas únicamente a contingencias extremas de apoyo a los superiores.
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La medida de fuerza registra niveles de acatamiento que alcanzan el 95 por ciento del personal de base desde la medianoche del viernes. Este esquema de protesta se consolidó tras el fracaso del quite de colaboración que las dotaciones venían sosteniendo durante los días previos en los turnos de guardia. La decisión final de endurecer las acciones se votó de manera unánime durante una asamblea de carácter extraordinario celebrada en un centro vecinal de Caleta Olivia.
Las intimaciones formales de las jefaturas de la provincia no lograron desarticular la concentración de los huelguistas en los edificios públicos. El jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, emitió una orden pública de carácter urgente para exigir el retorno inmediato a las funciones regulares portando el uniforme reglamentario. La jefatura invocó los artículos de la Ley Provincial N° 746 de seguridad pública, pero la notificación terminó fortaleciendo la resistencia y motivó un pedido directo de reunión con el gobernador.
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La prevención en la vía pública quedó reducida a recorridas periféricas e insuficientes a cargo de un número escaso de oficiales superiores de la jerarquía cúpula. Ante la imposibilidad de cubrir los cuadrantes urbanos, el Ministerio de Seguridad coordinó patrullajes alternativos con fuerzas federales como la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal. Estos binomios externos resultan escasos para neutralizar el aumento de arrebatos que denuncian los damnificados ante las compañías de seguros locales.
El conflicto sectorial expandió su alcance geográfico hacia las localidades del centro, el sur y el sudoeste del territorio santacruceño mediante sucesivas adhesiones de las bases. Las agrupaciones de la localidad de El Calafate resolvieron convocar a una movilización abierta para trasladar el reclamo salarial al espacio público. La acción de protesta consistirá en la realización de un bocinazo masivo programado para la tarde del sábado, buscando romper el aislamiento de las negociaciones de la capital.
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La concentración comunitaria se concentrará en las inmediaciones de la calle Gunther Plüschow, en el sector identificado tradicionalmente como el Aeropuerto Viejo. Los organizadores extendieron la invitación de manera pacífica a comerciantes, familiares y vecinos de la villa turística para visibilizar las demandas económicas de las familias policiales. El sostenimiento de las protestas mantiene en suspenso la emisión de certificaciones de residencia y la tramitación habitual de causas penales en los juzgados locales.
Fuente: La Opinión Austral, El Patagónico, Opi Santa Cruz, Tiempo Sur
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