Acusan a José Luis Espert de presentar un contrato falso para justificar U$S200.000

La investigación judicial que involucra al diputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía Federal de San Isidro concluyera que el contrato presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria no tendría sustento real. La sospecha es que ese documento fue utilizado para dar apariencia legal a fondos cuyo origen permanece bajo análisis.

El planteo fue realizado por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien formalizó un pedido de indagatoria contra el legislador bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalada por la elaboración de documentación contable vinculada a la operación investigada.

Según la acusación, Espert presentó un contrato de servicios profesionales relacionado con una supuesta consultoría minera en Guatemala para explicar la recepción del dinero. El acuerdo involucraba a la empresa Minas del Pueblo S.A. y habría servido como respaldo formal de la transferencia.

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Sin embargo, la pesquisa avanzó sobre distintos aspectos de esa versión y detectó inconsistencias que despertaron sospechas entre los investigadores. De acuerdo con la Fiscalía, el ex candidato presidencial nunca viajó a Guatemala para realizar los trabajos que figuraban en la documentación presentada.

Además, las averiguaciones judiciales indicaron que las explotaciones mineras de la empresa mencionada no se encontraban operativas durante el período en que supuestamente se desarrollaron los servicios profesionales. Ese dato se transformó en uno de los elementos centrales para cuestionar la validez del contrato.

La causa también busca determinar el origen de los fondos transferidos. Los investigadores sostienen que el dinero provino de cuentas vinculadas a Federico "Fred" Machado, un empresario argentino que reconoció en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue relacionado con actividades vinculadas al narcotráfico.

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La relación entre Machado y Espert ya formaba parte de la investigación. Según surge del expediente, una de las hipótesis analizadas apunta a un presunto apoyo logístico y financiero brindado por el empresario durante la campaña presidencial que el dirigente liberal encabezó en 2019.

Mientras avanza la causa, el juez federal Lino Mirabelli dispuso medidas cautelares sobre el patrimonio de los involucrados. Entre ellas ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar respecto de los activos financieros y propiedades atribuidas tanto a Espert como a su esposa, María Mercedes González.

La situación judicial se desarrolla en paralelo a los antecedentes penales de Machado. En abril de 2021 fue detenido en Argentina por Interpol a partir de un pedido de extradición formulado por Estados Unidos, donde enfrentaba acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita.

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Ese proceso concluyó con la ratificación de la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los antecedentes del empresario son considerados por los investigadores como un elemento relevante para reconstruir el circuito financiero que se encuentra bajo análisis.

La eventual convocatoria a indagatoria marcará una nueva etapa en la causa, en la que la Justicia deberá determinar si la documentación presentada por Espert respondió a una actividad profesional real o si fue utilizada para justificar movimientos de dinero cuyo origen y finalidad todavía son materia de investigación.