El operativo de emergencia en la zona de Los Pozones de Alberto confirmó el deceso de manera inmediata en el lugar. La policía debió custodiar la escena para el traslado posterior a la morgue.
El sector conocido como Los Pozones de Alberto se transformó en el escenario de un accidente irremediable cuando un árbol cayó pesadamente sobre una persona. La contundencia del impacto eliminó cualquier margen para maniobras de reanimación o rescate en esta zona de Mallín Ahogado, un área caracterizada por su densa vegetación y geografía compleja. Las autoridades sanitarias y de seguridad arribaron al predio rionegrino para encontrarse directamente con el fatal desenlace.
El protocolo de preservación del lugar del hecho obligó a establecer un cerco estricto alrededor del punto geográfico de la tragedia. Los agentes de la Policía provincial tomaron el control total del área para facilitar las primeras pericias médicas a cargo de los profesionales del Hospital de Área de El Bolsón. Esta disposición táctica limitó drásticamente el radio de acción para el resto de las divisiones de auxilio convocadas a la contingencia.
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La secuencia operativa comenzó a estructurarse formalmente a las 17:50 a partir de una comunicación entrante al sistema 911. Una unidad de los Bomberos Voluntarios salió velozmente desde el cuartel central para prestar colaboración en las tareas de extracción. Al estacionar los móviles en la coordenada específica, los rescatistas notaron que la comisaría local y la ambulancia ya dominaban el perímetro central.
La dinámica propia de las actuaciones judiciales determinó las responsabilidades de cada organismo en el terreno boscoso. La restricción de paso impidió que los brigadistas voluntarios pudieran aproximarse a la víctima o modificar la disposición de los elementos naturales derribados. Quedó documentado de manera oficial que "el personal de bomberos no tuvo acceso directo a la escena, por lo que sólo puede emitirse este parte informativo".
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Los especialistas de la salud evaluaron el cuerpo en el mismo sitio del aplastamiento y dictaminaron el fallecimiento sin alternativas para revertir el cuadro clínico. La notificación de la muerte activó de inmediato el engranaje legal correspondiente para estos casos de decesos traumáticos en espacios abiertos. El personal uniformado asumió la custodia exclusiva de los restos y de la evidencia física circundante.
El paso siguiente del dispositivo consistió en asegurar las condiciones para la remoción formal de la persona fallecida. Las fuerzas de seguridad mantuvieron la vigilancia ininterrumpida sobre el terreno a la espera de los transportes especializados. El objetivo prioritario en esa instancia fue garantizar un desplazamiento ordenado hacia las instalaciones de la morgue local para las diligencias forenses obligatorias.
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La información que circuló posteriormente entre los grupos de respuesta rápida mantuvo un carácter sumamente técnico y acotado. La falta de contacto físico de ciertas unidades con el foco exacto de la caída generó un reporte sumamente reservado sobre las características de las lesiones. Los voceros operativos priorizaron el hermetismo mientras resolvían las complicaciones logísticas en la zona de los pozones.
La guardia policial quedó instalada permanentemente en la geografía del bosque para proteger el punto exacto del impacto. Las unidades de asistencia emprendieron el regreso a sus instalaciones tras confirmar la imposibilidad material y legal de intervenir en el lugar. El suceso abandonó su etapa de auxilio para transformarse en un procedimiento enteramente judicial.
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