La defensa quiere bajar de 17 a 10 años la pena para el acusado de matar a Gastón Acosta

Policiales23/06/2026

La Cámara dará su veredicto el 30 de junio; la defensa pidió el mínimo legal y Fiscalía reclamó sostener los 17 años por el crimen en El Cerrito.

La condena de 17 años contra Juan Carlos Peralta volvió a quedar en discusión ante la Cámara, esta vez por el planteo de su defensa para reducir la pena al mínimo legal previsto para el delito. La audiencia de impugnación ordinaria por el homicidio de Gastón Acosta se realizó este martes en Comodoro Rivadavia, con posiciones enfrentadas entre la defensa pública y el Ministerio Público Fiscal. La discusión ya no pasa por la culpabilidad definida en el juicio por jurados, sino por la cantidad de años de prisión que deberá cumplir el condenado. El tribunal pasó a deliberar y dará a conocer su veredicto el martes 30 de junio, a las 12.

La defensa de Peralta pidió que la pena baje de 17 años a 10 años y 8 meses de prisión, el mínimo establecido para el delito por el que fue condenado. El fiscal general Facundo Oribones se opuso a ese planteo y solicitó que la Cámara mantenga la sanción impuesta después del juicio por jurados. La audiencia dejó planteado un conflicto directo entre dos lecturas sobre la misma condena: una que busca reducirla al piso legal y otra que pretende sostener la pena fijada en primera instancia. Esa diferencia será resuelta por los jueces de Cámara Martín Montenovo, Cecilia Codina y Mónica García.

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El caso llegó a esta instancia después de la condena dictada contra Peralta por el homicidio de Gastón Exequiel Acosta, ocurrido el 26 de octubre de 2024 en la zona conocida como El Cerrito, dentro del barrio San Cayetano. La pena de 17 años fue impuesta luego de que un jurado popular lo declarara responsable y se realizara la etapa correspondiente para definir la sanción. La impugnación no reabre el hecho desde cero, sino que revisa si la pena aplicada debe quedar firme o modificarse. Ese punto resulta central para entender por qué la Cámara no trató un debate completo, sino un recurso contra la sanción.

La acusación fiscal sostuvo que el homicidio ocurrió alrededor de las 18.40, en el domicilio del hijo de Peralta, ubicado en la intersección de Antonio Garcés y Ricardo Balbín. Allí, según la investigación, el condenado compartía bebidas alcohólicas con Acosta y otra persona. La escena reconstruida por la Fiscalía ubica el crimen dentro de una reunión privada que derivó en una secuencia fatal. En ese contexto se habría producido una discusión y Acosta habría esgrimido un arma blanca tipo cuchillo, según el planteo acusatorio incorporado al proceso.

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La respuesta atribuida a Peralta fue el uso de un arma de fuego. La acusación indicó que efectuó al menos un disparo que ingresó por la parte posterior de la cabeza de Acosta, a la altura de la nuca, y salió por la mandíbula derecha. El recorrido del proyectil provocó la sección de la médula y causó la muerte inmediata de la víctima. Ese dato médico y balístico sostuvo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, figura por la cual Peralta fue condenado como autor luego del juicio por jurados.

La propia intervención policial se originó a partir de un llamado atribuido al condenado. Personal de la Seccional Sexta acudió al lugar después de que Peralta comunicara lo ocurrido y permaneciera en el sitio hasta la llegada de los efectivos. En el reporte de la causa se consignó la frase que habría pronunciado: “Yo maté a mi amigo, me defendí, él me quiso hincar y lo maté, vengan acá”. Ese llamado fue incorporado como un dato relevante de la investigación, aunque la defensa insistió luego en una lectura orientada a reducir la sanción. La discusión actual, sin embargo, se concentra en la pena.

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El arma utilizada no estaba en el lugar cuando llegó la Policía. Según el relato consignado en la investigación, Peralta habría dicho que otra persona se la llevó antes del arribo de los efectivos. La ausencia del arma fue uno de los elementos que quedó dentro de la reconstrucción del hecho, junto con el disparo, la muerte inmediata y la intervención policial posterior. La causa mantuvo la calificación de homicidio agravado por uso de arma de fuego, una figura que eleva la gravedad penal y explica el rango de pena discutido ahora ante la Cámara.

La audiencia de impugnación también tuvo una dimensión institucional y humana. Además de los jueces de Cámara, intervinieron el fiscal general Facundo Oribones y el defensor público Gustavo Oyarzun, a cargo de la representación de Peralta en esta etapa. También estuvo presente un familiar de la víctima, acompañado por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. La revisión de una pena no es solo un trámite técnico, porque vuelve a colocar frente al proceso a la familia de la víctima y al condenado. Esa presencia marca el peso personal de cada decisión judicial.

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La Cámara deberá resolver si acepta el planteo defensivo o confirma la pena dictada después del juicio por jurados. El pedido de 10 años y 8 meses busca ubicar la condena en el mínimo previsto, mientras que la Fiscalía pretende preservar los 17 años ya fijados. La diferencia entre ambas posiciones equivale a más de seis años de prisión y define el alcance concreto de la respuesta penal por el homicidio. Por eso, el veredicto del 30 de junio tendrá impacto directo en la situación de Peralta y en la expectativa de la familia de Acosta.

El tramo pendiente quedó reducido a la deliberación del tribunal y a la lectura del veredicto. Hasta entonces, la condena de 17 años sigue en revisión por la impugnación ordinaria presentada por la defensa. La Cámara tendrá que decidir si la pena por el crimen de Gastón Acosta se mantiene como fue dictada o baja al mínimo reclamado por Peralta. Esa resolución marcará el próximo paso de una causa que ya tuvo veredicto de jurados, condena de primera instancia y ahora espera una definición sobre la duración efectiva de la prisión.