Un hombre de Sarmiento afronta una causa por abuso sexual contra una menor

La Fiscalía obtuvo seis meses para reunir evidencias contra C.E.M.D.R.; el juez ordenó protección y prohibió todo contacto con la menor víctima.

La Justicia de Sarmiento abrió una investigación penal preparatoria contra un hombre de 33 años, identificado solo por sus iniciales, C.E.M.D.R., denunciado como presunto autor del delito de abuso sexual simple. El juez Ariel Quiroga autorizó el inicio formal de la pesquisa y otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía reúna evidencias y, si corresponde, presente la acusación pública. La identidad completa del imputado no se publica para evitar que pueda quedar expuesta la menor de edad víctima, debido al vínculo familiar informado en el caso. La decisión judicial también incluyó una orden de protección que le impide acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la niña.

La audiencia marcó el paso de una denuncia a una investigación judicial con plazos, funcionarios responsables y medidas de resguardo. El caso está en manos de la procuradora Luciana Coppini y del funcionario Matías Ayuzo, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal en la sala de audiencias número 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. El foco de la resolución está puesto en reunir prueba sin dejar desprotegida a la víctima durante el avance de la causa. Esa combinación resulta central en investigaciones de abuso sexual, donde la protección de la niña y el cuidado de su identidad tienen prioridad absoluta.

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El hecho denunciado ocurrió el 18 de febrero de 2024, en una vivienda donde convivían la madre de la víctima y el hombre ahora investigado. La Fiscalía encuadró la conducta atribuida como abuso sexual simple y pidió autorización para avanzar hacia una investigación penal preparatoria de juicio. La apertura de investigación no equivale a una condena, pero habilita a los investigadores a profundizar la prueba dentro de un plazo concreto. En esta etapa, el expediente deberá consolidar evidencias, ordenar intervenciones pendientes y definir si existen elementos suficientes para formular una acusación formal.

Matías Ayuzo relató durante la audiencia los hechos incorporados al legajo fiscal, mientras Luciana Coppini detalló las evidencias reunidas hasta el momento. Después de esa exposición, la Fiscalía pidió que el sospechoso se presente ante la División Científica de la Policía para cumplir el protocolo único de identificación de personas. Ese procedimiento apunta a registrar formalmente al imputado dentro del proceso y sumar una medida técnica al avance de la investigación. La defensa pública, representada por Cubilla Podestá, no se opuso a los pedidos formulados por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

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El juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de apertura y fijó seis meses para el trabajo de la Fiscalía. Ese plazo será el marco temporal para reunir evidencias, completar medidas y definir el curso procesal de la causa. La decisión ordena el expediente y marca una ventana concreta para que la acusación avance con elementos verificables. La resolución también impone una obligación clara sobre el imputado: no acercarse ni establecer contacto con la menor víctima durante el mismo período, como parte de la protección judicial dispuesta.

La intervención de la Asesoría de Menores también formó parte de la audiencia. Los abogados Sofía Maestro y Jeremías Kruger informaron sobre las acciones realizadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario, una estructura que suele intervenir en casos donde hay menores afectados. La presencia de la Asesoría coloca la protección integral de la niña dentro del expediente, más allá de la discusión penal contra el imputado. En causas de esta naturaleza, el abordaje no se reduce a la prueba del hecho denunciado, porque también debe contemplar acompañamiento, resguardo y evaluación de la situación de la víctima.

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La orden de protección dictada por el juez constituye una medida concreta para evitar cualquier contacto entre el imputado y la menor. La resolución rige por seis meses y alcanza tanto el acercamiento físico como cualquier forma de comunicación. La restricción busca reducir riesgos mientras la Fiscalía trabaja en la recolección de evidencias. En un caso con vínculo familiar, ese tipo de medida adquiere mayor relevancia porque la cercanía previa entre las partes puede incrementar la necesidad de resguardar espacios, rutinas y canales de contacto de la niña.

El Ministerio Público Fiscal también incluyó información de servicio para víctimas de violencia de género o abuso sexual. En Sarmiento, las denuncias pueden realizarse en la Comisaría de la Mujer, que funciona las 24 horas, en calle Ormachea 15, con teléfono fijo (297) 4892104 y celular de servicio (297) 6245605. La disponibilidad permanente de ese canal resulta importante para quienes necesitan denunciar fuera del horario administrativo. La difusión de esos datos puede facilitar una primera intervención institucional cuando una víctima o una persona cercana decide pedir ayuda.

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La Fiscalía de Sarmiento también recibe denuncias de lunes a viernes, de 7 a 13, en avenida Ingeniero Coronel 556. Los teléfonos informados son 4897676, 4893716 y el celular de guardia (297) 4136155. La existencia de canales judiciales y policiales diferenciados permite que las denuncias no dependan de una sola puerta de entrada. En casos de abuso sexual, el acceso rápido a una institución puede definir el inicio de medidas de protección, entrevistas especializadas y resguardo de información sensible para la investigación.

El tramo pendiente será la producción de prueba durante los seis meses fijados por el juez. La Fiscalía deberá completar las medidas necesarias, analizar las evidencias disponibles y resolver si presenta una acusación pública contra C.E.M.D.R. La causa queda ahora bajo una doble exigencia: investigar con rigor y proteger la identidad, la seguridad y el acompañamiento de la menor víctima. Hasta que concluya esa etapa, el imputado seguirá alcanzado por la restricción de acercamiento y contacto ordenada en la audiencia.