Exigirán a la empresa "El 22" colectivos adaptados y un 80% de mano de obra local en todas sus áreas operativas

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís, adelantó en #LA17 los detalles del nuevo contrato de transporte por diez años y los proyectos clave que bajan al recinto.

El servicio de colectivos de la ciudad modificará sus pautas operativas mediante un contrato de concesión de largo plazo que establece obligaciones estrictas de infraestructura y contratación de personal. La prestataria del transporte urbano de pasajeros deberá reconfigurar la composición de su flota para responder a los estándares modernos de integración urbana. “Tiene que cumplimentar ese acceso para personas con discapacidad un 60% en sus unidades”, detalló la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís, en diálogo exclusivo con el programa "El Quinto Poder" por #LA17.

La adecuación de las carrocerías se ejecutará de forma escalonada durante la primera mitad de la vigencia del acuerdo institucional con la firma adjudicataria. El pliego estipula un piso inicial del treinta por ciento de unidades adaptadas durante el primer trienio, para luego duplicar esa cobertura al alcanzar el quinto año de vigencia. Los requerimientos de la administración local también fijaron un blindaje para el mercado de empleo de la zona, obligando a que se sostenga un “80% de mano de obra local para toda la parte de las tareas operativas”.

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La ratificación parlamentaria convalida la postulación de la empresa Transporte 22 como la única firma oferente que superó las evaluaciones técnicas de la comisión preadjudicataria. El nuevo marco normativo sepulta una etapa de precariedad administrativa que se extendió durante más de una década mediante parches normativos sucesivos. Las autoridades recordaron que desde la primera adjudicación formal en el año 2015 “se fueron haciendo prórrogas excepcionales hasta el año pasado”, afectando la previsibilidad del sistema.

La reestructuración del servicio requirió el saneamiento previo de los pasivos financieros acumulados por las gestiones anteriores con la empresa prestataria. El Ejecutivo municipal debió diseñar esquemas de pago extraordinarios para cancelar un rojo que ponía en riesgo la continuidad de los recorridos en los barrios periféricos. La jefa de la casa legislativa precisó que “se tuvo que cumplimentar una deuda que acarriaba el sistema de 70 millones de deuda” para poder convocar al nuevo proceso licitatorio.

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El nuevo esquema de conectividad barrial se estructurará a través de cinco líneas de colectivos que mantendrán frecuencias diferenciadas para la temporada invernal y el receso de verano. Las cláusulas del pliego exigen un piso mínimo de 26 unidades en circulación permanente, sumando refuerzos de coches en las franjas horarias de ingreso escolar y fabril. El cumplimiento de los horarios establecidos será auditado en tiempo real mediante dispositivos de localización satelital conectados a una plataforma digital de acceso público.

A la par de la reforma del transporte, los bloques parlamentarios avanzaron en el tratamiento de iniciativas destinadas a regular el uso del espacio público y la seguridad vial. El cuerpo legislativo analizará un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Zarelli que busca erradicar la permanencia de trabajadores informales en las intersecciones semaforizadas. La propuesta busca establecer la “prohibición de actividades de limpieza de parabrisas u otras intervenciones” en las esquinas céntricas de la ciudad.

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El temario de la sesión ordinaria también incluye herramientas de fomento económico para propiciar la inserción de sectores vulnerables dentro del circuito productivo formal. La iniciativa elaborada originalmente por el exedil Ángel Cayupil fue retomada por la concejal Severich bajo la bandera de la bancada de Por Trelew. El plan prevé que las firmas comerciales que incorporen operarios con afecciones motrices o intelectuales accedan a bonificaciones de determinado porcentaje en el ingreso bruto.

La agenda social del parlamento local se completará con el tratamiento de las solicitudes de tenencia precaria de tierras fiscales destinadas a entidades civiles comunitarias. El tratamiento en comisión priorizó a las organizaciones sin fines de lucro que garantizan actividades recreativas en sectores con altos índices de vulnerabilidad social. Las cesiones de inmuebles beneficiarán de forma directa a espacios como el Club Social Moreira para consolidar su infraestructura de base.

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La regularización de estos predios públicos permitirá que los clubes de barrio gestionen financiamiento para la construcción de playones deportivos e instalaciones sanitarias adecuadas. Las transferencias de las parcelas se otorgarán bajo modalidades de uso institucional condicionado al sostenimiento de los talleres de contención infantil. Las comisiones del Concejo Deliberante mantendrán las mesas de trabajo abiertas para examinar los estatutos de las agrupaciones remanentes antes de autorizar los traspasos definitivos de dominio.