Un camionero de Madryn va a recibir una condena por intentar coimear a un policía

La Justicia evalúa un acuerdo de juicio abreviado por un año de prisión en suspenso para el chofer que ofreció 300.000 pesos en Rawson.

La resolución definitiva de una causa por corrupción contra la administración pública entró en su cuenta regresiva dentro de los tribunales de la capital provincial. El Ministerio Público Fiscal y los representantes legales de un conductor alcanzaron una conformidad formal para homologar una sanción penal de ejecución condicional sin transitar por un debate oral. El acuerdo se encuentra en la etapa de resolución por parte de la jueza de garantías Eve Ponce que se tomó el plazo legal de cinco días.

La causa penal se originó a partir de una maniobra de fiscalización en la vía pública que detectó una grave anomalía en el traslado de sustancias de consumo masivo. Los agentes policiales descubrieron una operatoria de descarga de bultos en un sector urbano que ponía en riesgo la salud de la población debido a la incompatibilidad de los elementos estibados en la bodega del vehículo pesado. Los elementos que se trasladaban eran frutas y verduras, pero estos eran transportados junto a otros elementos como electrodomésticos y sustancias químicas.

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La irregularidad logística motivó la convocatoria de los inspectores de control de alimentos de la comuna capitalina para decomisar la carga que violaba las normativas sanitarias vigentes. El camión con acoplado y dos camionetas complementarias permanecían mal estacionados obstruyendo el paso vehicular sobre la calle Patagonia al 1300. Al comprobar que el cargamento de víveres compartía espacio con químicos peligrosos, las autoridades dieron intervención al personal de Bromatología de la Municipalidad de Rawson.

El imputado intentó eludir las actas de infracción y el secuestro de la mercadería mediante un ofrecimiento de dinero en efectivo direccionado al personal de calle que lideraba el procedimiento de rutina. El conductor apartó a uno de los efectivos de la patrulla para realizar la propuesta económica de forma sigilosa, buscando evitar que los demás testigos escucharan la transacción ilegal. “...yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos $300.000 mil pesos para que me deje ir...”, reconoció haber expresado el acusado.

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El empleado policial rechazó el ofrecimiento espurio de forma inmediata y procedió a labrar el acta por la infracción de tránsito, notificando la novedad a sus superiores jerárquicos. El camionero implicado en el hecho de corrupción activa posee domicilio fijado en la ciudad de Puerto Madryn y fue identificado formalmente como Nicolás Flores Orquezo. La denuncia judicial que dio inicio al expediente en la fiscalía fue radicada por los propios agentes intervinientes, la sargenta Natalia Benito y el cabo primero Hugo Ezequiel Maldonado.

La imputación penal por el delito de cohecho activo avanzó a través de una investigación técnica liderada por un equipo de fiscales de la circunscripción capitalina. El caso penal que damnifica al Estado fue coordinado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y la procuradora fiscal Janet Davies. El reconocimiento explícito de la autoría material por parte del imputado fue la condición necesaria para clausurar el litigio mediante una vía rápida de resolución.

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La aplicación de la figura del juicio abreviado requiere la convalidación voluntaria de los cargos por lesiones a la administración pública y la aceptación de la calificación legal propuesta por los acusadores. Este mecanismo procesal simplifica los plazos del sistema judicial santafesino y chubutense en aquellos expedientes donde la expectativa punitiva final no supera los diez años de prisión. El imputado madrynense aceptó cumplir las reglas de conducta fijadas en el documento definitivo a cambio de evitar el ingreso a un penal de detención efectiva.

La magistrada de la causa analiza minuciosamente el escrito presentado por la fiscalía y la defensa para certificar que el consentimiento del chofer se haya otorgado con las plenas garantías constitucionales. La firma del acta de juicio abreviado implica que el transportista de Puerto Madryn registrará el antecedente penal en su planilla prontuarial durante el período de vigencia de la pena. La condena estipulada de un año de prisión en suspenso quedará firme una vez que la jueza Ponce emita la sentencia correspondiente desde su despacho de garantías.