Cuadernos: dejaron un gasoducto por la mitad pero gastaron los fondos en Shows internacionales
Política24/06/2026
REDACCIÓNUna inspección fiscal reveló en el juicio de Cuadernos que la firma adjudicataria desvió los anticipos estatales hacia un country costero y un megaevento artístico privado.
El tendido de infraestructura energética planificado para el norte del país quedó paralizado y con serios baches de ejecución material. Una traza de 230 kilómetros en la provincia de Salta correspondiente al Gasoducto del Noreste Argentino se convirtió en el eje de una profunda investigación por desvío de fondos públicos. El contrato fue rescindido por ENARSA en 2017 porque la obra quedó inconclusa y solo alcanzó un avance del 53,92% del proyecto global.
Los tribunales federales comenzaron a ventilar los expedientes técnicos que detallan los movimientos bancarios de la constructora Servicios Vertúa. El análisis de los flujos financieros determinó que el dinero otorgado por el Estado para la compra de cañerías y servicios de ingeniería terminó en cuentas de emprendimientos privados ajenos al rubro energético. La firma perteneciente al imputado Raúl Vertúa utilizó mecanismos contables cruzados para financiar desarrollos inmobiliarios de su propiedad.
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Las primeras inconsistencias saltaron a la luz cuando los inspectores tributarios rastrearon el uso del desembolso inicial que el Gobierno nacional depositó en las cuentas corporativas de la constructora en agosto de 2014. El descargo escrito de la firma intentó justificar que las divisas resultantes se habían colocado en un instrumento financiero para resguardar el valor del dinero. Los administradores declararon “que adquirió dólares, y que con los mismos adquirió unos certificados del fideicomiso Country del Mar, a cargo de un desarrollo inmobiliario”.
La pesquisa del organismo recaudador desarmó la estrategia defensiva de la compañía al entrecruzar los datos con los emisores de dichos títulos de inversión. Los cruces informáticos demostraron que no existió tal adquisición comercial en las fechas declaradas, sino que las participaciones continuaban registradas a nombre personal del dueño de la contratista. La hipótesis judicial apunta a que el empresario utilizó los recursos de la obra pública para capitalizar de forma directa el megaemprendimiento residencial denominado Villarobles en la costa atlántica.
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La triangulación de las partidas presupuestarias incluyó erogaciones suntuarias destinadas al posicionamiento comercial del barrio privado bonaerense frente a potenciales compradores de élite. Las oficinas regionales del fisco detectaron que la firma desarrolladora del country utilizó las transferencias del gasoducto para solventar una exclusiva fiesta de promoción para dos mil invitados. “Este emprendimiento inmobiliario, como estrategia comercial, había contratado a Ricky Martin”, detalló el exinspector Jorge Tesolin durante la última audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7.
El gasto del show internacional fue objetado por los sabuesos fiscales al comprobar la absoluta falta de vinculación entre las actividades de transporte de gas y el marketing de balneario. La ingeniería financiera montada por el Grupo 7 S.R.L. —la firma desarrolladora controlada por el propio Vertúa— quedó expuesta ante las preguntas de la fiscalía. Las declaraciones de los funcionarios de carrera ratificaron que los fondos específicos para el norte argentino terminaron financiando la estadía de 24 horas del cantante puertorriqueño.
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La auditoría sobre las cuentas de Servicios Vertúa detectó además un persistente goteo de fondos líquidos mediante ventanillas bancarias que escapó a los registros convencionales de trazabilidad comercial. Entre septiembre de 2014 y abril de 2015 se autorizaron quince retiros en efectivo desde las entidades Meriva y Provincia que encendieron los indicadores de criminalidad económica. Los reportes presentados ante los magistrados certificaron que el volumen total extraído manualmente ascendió a 5.224.466 dólares.
La imposibilidad de verificar el destino de esos fajos de billetes abona la sospecha del pago de retornos ilegales a los funcionarios del antiguo Ministerio de Planificación Federal. Los agentes encargados de revisar los balances contables reiteraron que la firma nunca aportó los comprobantes que respaldaran semejante movimiento de moneda extranjera en medio del conflicto salarial y operativo. “Nunca se determinó el dinero de esos fondos”, remarcó el testigo principal ante los jueces del tribunal oral.
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El perjuicio total para las arcas públicas superó con creces el monto del anticipo inicial que dio origen a la fiscalización de la AFIP. Los registros contables de la transportadora estatal de energía prueban que se emitieron seis órdenes de pago adicionales a favor de la constructora mientras las anomalías ya estaban asentadas en los expedientes. La constructora recibió del Estado 267.867.186 pesos extras, dejando una deuda de infraestructura estructural que condiciona el suministro de gas y mantiene abierto un complejo escenario de recuperación de activos.
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