Fuerte cruce por los 85 millones de YPF: "Vamos a garantizar que sean para los comodorenses, no para Othar y Luque”

El ministro de Hidrocarburos cruzó con dureza a Othar Macharashvili y Juan Pablo Luque por el control de las tierras, vehículos y fondos recuperados tras la salida de YPF.

La millonaria compensación pactada por la salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge desató un violento cruce político por el control y la administración de los recursos. El gobierno provincial busca bloquear cualquier intento de traspaso directo de los activos a la estructura municipal de Comodoro Rivadavia. La disputa expone una fractura profunda en la gestión de un patrimonio que excede largamente lo inmobiliario y se transforma en una caja política clave.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, apuntó directamente contra el intendente comodorense Othar Macharashvili y el diputado nacional Juan Pablo Luque. El funcionario provincial busca neutralizar los reclamos de la conducción peronista de la ciudad petrolera respecto al manejo de los bienes. La pulseada gira en torno a quién definirá el uso de las tierras y el dinero remanente.

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“Vamos a garantizar que los bienes de YPF sean para los comodorenses, no para Othar y Luque”, disparó el titular de la cartera energética, marcando la cancha de la discusión que se viene. El Ejecutivo provincial busca impedir que el municipio absorba los recursos para ensanchar su planta burocrática. La acusación apunta a un modelo de gestión que, según Provincia, busca el beneficio corporativo de la dirigencia local.

La administración central fundamenta su postura en el riesgo de que el patrimonio termine diluido en gastos corrientes de la comuna. Ponce cuestionó que los referentes locales pretendan monopolizar la ventanilla de distribución de los inmuebles y terrenos. “Escuchamos decir que los bienes tienen que ser para los comodorenses, y en eso coincidimos plenamente. La diferencia es que nosotros trabajamos para que esos bienes sean para los clubes de barrio, las asociaciones vecinales, las familias que esperan regularizar sus tierras, las instituciones sociales y los proyectos de desarrollo de la ciudad, no para que vuelvan a quedar en los bolsillos de los dirigentes de siempre”, diferenció el ministro.

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La desconfianza oficial radica en los antecedentes inmediatos de la política comodorense en las últimas dos décadas. Desde el ministerio se mostraron sorprendidos por la premura de la oposición en exigir la titularidad de los activos de la petrolera de bandera. “Los mismos que durante veinte años estafaron y defraudaron a los comodorenses sean hoy los primeros en salir a reclamar los bienes de YPF”, fustigó el funcionario.

El botín en discusión contempla una ingeniería financiera y patrimonial que supera los 85 millones de dólares en recursos tangibles. El pliego global incluye un desembolso en efectivo de 25 millones de dólares y el traspaso de 102 vehículos operativos. A esto se le suma una masa de inmuebles y extensiones de tierra que están valuadas por encima de los 60 millones de dólares.

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La jugada de la Provincia consistió en cerrar el acuerdo de manera directa antes de que las propiedades entraran en un proceso de desinversión o pasaran al mercado privado. Ponce defendió esa velocidad en la negociación como un mecanismo de protección para el patrimonio público de la ciudad. “Lo que nosotros garantizamos es que esos bienes vayan a una institución deportiva, a una familia que lleva años esperando el título de su terreno, a un proyecto de viviendas o a un espacio verde. Lo que ellos quieren es que queden bajo su control para hacer lo que siempre hicieron: más oficinas, más cargos, más negocios. Los comodorenses ya los conocen”, detalló.

Otro de los puntos críticos de la discusión institucional se enfoca en el pasivo ambiental latente que deja la operadora en las áreas maduras. La intendencia comodorense instaló el reclamo por los costos de remediación como un argumento para retener mayores recursos. Sin embargo, la posición del Ministerio de Hidrocarburos es tajante respecto a que las auditorías de cierre ya se encuentran validadas y bajo estricto marco legal.

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El convenio estipula que la operadora saliente mantiene la totalidad de las obligaciones y los planes específicos de saneamiento sobre el terreno. El Estado provincial no asumirá costos por contaminación, delegando la responsabilidad penal y económica en las firmas concesionarias. “Existen auditorías de cierre aprobadas, planes ambientales específicos y empresas con capacidad técnica y económica obligadas a responder. Eso tampoco lo dicen Othar y Luque: las responsabilidades ambientales no desaparecen ni se transfieren al Estado. Están definidas, están instrumentadas y hay quien tiene que cumplirlas”, remarcó Ponce.

El Poder Ejecutivo enviará el texto completo del convenio junto a los inventarios detallados para su discusión en Rawson. Allí se iniciará un debate técnico donde la oposición exigirá revisar cada una de las auditorías ambientales adjuntas. Los diputados provinciales tendrán en sus manos la aprobación final de un traspaso histórico de tierras y capital logístico.