Argentina se suma al acuerdo internacional de control de la pesca ilegal

La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un tratado internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los legisladores presentes, con 228 votos afirmativos.

La incorporación al acuerdo modifica el esquema de controles que podrá aplicar el país sobre embarcaciones pesqueras extranjeras que pretendan operar o descargar capturas en puertos argentinos. El objetivo consiste en impedir que los productos obtenidos mediante actividades ilegales ingresen a los circuitos comerciales y fortalecer la cooperación internacional para desalentar este tipo de prácticas.

El tratado, conocido por sus siglas en inglés PSMA (Port State Measures Agreement), constituye el primer instrumento jurídicamente vinculante dedicado exclusivamente a combatir la pesca ilegal. Fue aprobado por la Conferencia de la FAO en Roma en noviembre de 2009 y comenzó a regir internacionalmente en 2016, una vez alcanzado el número de ratificaciones necesarias.

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Entre las principales obligaciones que incorpora el acuerdo figura la exigencia de información previa a los buques pesqueros extranjeros antes de su ingreso a puerto. Además, habilita inspecciones sobre embarcaciones sospechadas de incumplir la normativa y permite negar el acceso a puerto o impedir el desembarque y la comercialización de las capturas cuando se detecten irregularidades.

La adhesión adquiere una importancia particular para la Argentina por la extensión de sus recursos pesqueros y por la presencia permanente de flotas extranjeras que operan en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino. La aplicación del acuerdo facilitará el intercambio de información con otros países y permitirá coordinar acciones para detectar maniobras vinculadas con la pesca ilegal.

Otro de los efectos esperados alcanza al comercio exterior. La incorporación al sistema internacional permitirá adecuar los controles locales a estándares cada vez más exigentes en materia de trazabilidad, sustentabilidad y certificación del origen legal de los productos pesqueros, requisitos que numerosos mercados ya exigen para autorizar importaciones.

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El proceso que culminó con la sanción de la ley comenzó hace más de dos décadas, cuando distintos países impulsaron mecanismos internacionales para enfrentar el crecimiento de la pesca ilegal. Tras varios instrumentos de adhesión voluntaria, la FAO elaboró entre 2008 y 2009 un tratado obligatorio que finalmente fue aprobado en Roma y que hoy reúne a decenas de Estados.

Con la promulgación de la norma, la Argentina pasará a integrar el sistema global que busca cerrar los puertos a embarcaciones involucradas en actividades pesqueras ilegales. La estrategia apunta a reducir los incentivos económicos de esas operaciones mediante controles coordinados entre los países y contribuir a la conservación de los recursos marinos mediante reglas comunes de fiscalización.