Mayoristas reclaman a Sturzenegger por un decreto que obliga a financiar cámaras empresarias
Política09/08/2026
REDACCIÓNLa Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas cuestionó el Decreto 612/2026, advirtiendo que desvirtúa el espíritu de la reforma laboral.
Un sistema de aportes obligatorios de empresas a entidades de capacitación recauda anualmente una cifra superior a los $30.000 millones. Según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), estos fondos se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias aunque las compañías no se hayan asociado voluntariamente.
En un duro comunicado, la entidad que nuclea a los mayoristas expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la normativa reglamentada por el Poder Ejecutivo. El planteo apunta de forma directa al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Decreto 612/2026.
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Desde CADAM consideran que esta medida dictada por el Gobierno nacional representa un claro retroceso respecto del espíritu inicial de la reforma laboral. La cámara empresaria sostuvo: «No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan».
El punto central del conflicto se encuentra en las contribuciones que las empresas deben realizar por cada trabajador comprendido en el convenio colectivo de empleados de comercio. La entidad explicó que las compañías están obligadas a efectuar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso en los casos en que el empleado no reciba ninguna capacitación.
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El nuevo Decreto 612/2026 establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden en Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural. Sin embargo, para los mayoristas, esta modificación terminó desvirtuando la promesa de evitar que los empleadores financien estructuras que encarecen el costo laboral.
Al respecto, la cámara advirtió sobre la contradicción de la nueva reglamentación con los objetivos declarados de la reforma. «Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto», señaló la entidad.
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La organización diferencia entre lo que sería una afiliación voluntaria y una obligación que se establece mediante una negociación colectiva en la que, según planteó, la empresa no participó. Para el sector, el problema no es impedir que las cámaras reciban aportes, sino cuestionar que esos pagos sean compulsivos.
El reclamo del sector mayorista apunta directamente al rumbo que tomó la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La preocupación de CADAM radica en que el esquema vigente mantiene mecanismos que obligan a las empresas a realizar aportes vinculados con estructuras empresariales que no necesariamente representan sus intereses.
De esta manera, el debate se suma a las discusiones que genera la implementación de la reforma laboral a nivel nacional. El conflicto vuelve a poner en el centro de la escena el impacto de los convenios colectivos sobre los costos que deben afrontar las empresas.
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