Un buque pesquero volvió al puerto con droga, alcohol y 17 tripulantes bajo causa federal abierta

El Centauro 2000 quedó amarrado en Mar del Plata luego de una requisa federal que halló marihuana, alcohol y elementos para armar cigarrillos.

El Centauro 2000 llegó al puerto de Mar del Plata con 17 tripulantes a bordo y terminó retenido en el sitio de amarre luego de una requisa ordenada por la Justicia Federal. La Prefectura Naval Argentina encontró más de 300 gramos de estupefacientes, una importante cantidad de bebidas alcohólicas y elementos vinculados al armado de cigarrillos artesanales dentro de la embarcación. El operativo colocó el foco sobre lo que ocurrió después de la faena, cuando el buque ingresó al puerto local y quedó bajo control de la Autoridad Marítima nacional. La inspección no quedó reducida al secuestro de sustancias: también derivó en una causa contra toda la tripulación y en una restricción operativa para la nave por cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación.

La orden de requisa alcanzó al buque y a sus tripulantes antes de que la embarcación quedara liberada de los controles de ingreso. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Garantías de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la Unidad Fiscal encabezada por Santiago Eyherabide y de la auxiliar fiscal María Victoria Piro. La Justicia buscaba constatar la presencia de sustancias dentro del Centauro 2000 y asegurar el secuestro de los elementos que pudieran aparecer durante la inspección. Esa autorización marcó el paso entre una sospecha previa y una medida concreta sobre el buque, sin que la comunicación oficial informe detenciones ni medidas restrictivas personales sobre los marineros.

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La investigación tuvo origen en una denuncia anónima recibida a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. Ese dato conecta el procedimiento portuario con una instancia previa de seguimiento asignada a Prefectura, que mantuvo monitoreo sobre el buque durante sus maniobras de pesca. El operativo no empezó en el muelle, sino en una investigación que siguió el recorrido de la embarcación hasta su ingreso y amarre en la sección 11 del espigón 2. La secuencia permite entender por qué la requisa se ejecutó al regreso y no durante una intervención improvisada. El parte oficial no detalla el contenido de la denuncia ni precisa cuándo se inició el seguimiento.

La inspección dentro del buque incluyó la participación de un perro entrenado para la detección de estupefacientes. Durante ese procedimiento, los efectivos hallaron aproximadamente 331 gramos de marihuana en distintos sectores de la embarcación, entre camarotes y espacios comunes. La distribución de la droga dentro del Centauro 2000 impidió circunscribir el hallazgo a un único punto o a un elemento aislado del buque. También se secuestraron dos picadores y elementos usados para el armado de cigarrillos artesanales, datos que quedaron incorporados a la causa federal. La fuente oficial no atribuyó esos elementos a un tripulante específico.

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El hallazgo de bebidas alcohólicas sumó otra dimensión al procedimiento porque excedió el plano de la tenencia de estupefacientes. La Prefectura indicó que esa presencia infringía el ordenamiento en materia de Gestión de la Seguridad de la Navegación, una referencia que impacta directamente sobre la continuidad operativa de la embarcación. El buque no sólo quedó ligado a una causa por tenencia simple de drogas, sino también a una observación sobre sus condiciones de seguridad para navegar. Ese punto explica por qué el Centauro 2000 permaneció en el sitio de amarre hasta regularizar su situación, aun después del traslado de los elementos secuestrados.

La totalidad de la tripulación, integrada por hombres argentinos y mayores de edad, fue notificada de la formación de una causa en su contra por tenencia simple de estupefacientes. La comunicación oficial precisa que eran 17 personas a bordo al momento del ingreso al puerto local. La medida judicial alcanzó a todos los tripulantes, aunque el parte no identifica responsabilidades individuales ni describe roles específicos dentro de la embarcación. Esa diferencia resulta importante porque la notificación de la causa no equivale, por sí sola, a una condena ni permite establecer quién tenía dominio sobre cada elemento secuestrado. La investigación deberá ordenar ese punto.

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El valor total de lo incautado fue estimado en casi cuatro millones de pesos, de acuerdo con el aforo informado por la Prefectura. Esa cifra reúne el conjunto de elementos secuestrados durante la requisa, entre sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros objetos detectados en el interior del buque. El monto económico funciona como dato de magnitud, pero el núcleo del caso queda ubicado en la afectación operativa de la nave y en la causa abierta contra la tripulación. La embarcación, dedicada a la pesca, quedó bajo una restricción concreta dentro del puerto marplatense. La Fiscalía Federal interviniente asumió el control de los elementos secuestrados.

El procedimiento combinó tres planos que en el parte oficial aparecen repartidos: la denuncia anónima, el monitoreo del buque durante su actividad pesquera y la requisa ejecutada al momento del regreso. Esa combinación permite leer el caso como una intervención planificada sobre una embarcación ya observada por la fuerza federal. La llegada al muelle fue el momento elegido para concretar una orden judicial trabajada con información previa, no el inicio real de la actuación estatal. El buque amarró en la sección 11 del espigón 2 y allí quedó sujeto a la inspección de Prefectura. La fuente no informa incidentes durante el procedimiento.

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La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal, mientras los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de Prefectura en Mar del Plata. A partir de esa instancia, la investigación deberá precisar el alcance de la tenencia simple atribuida a la tripulación y el grado de responsabilidad de cada persona dentro del buque. La información confirmada no permite avanzar sobre hipótesis de comercialización, consumo interno o pertenencia individual de la marihuana hallada. El parte oficial sólo describe la requisa, los secuestros, la notificación de la causa y la permanencia de la embarcación en el puerto hasta regularizar su situación en seguridad de navegación.

El Centauro 2000 permanece como pieza central del expediente porque la restricción no se agota en lo penal. La nave deberá resolver su situación ante la Autoridad Marítima antes de recuperar plena operatividad, mientras la Justicia Federal conserva el control sobre la causa iniciada contra los 17 tripulantes. El cierre inmediato del caso no está en el secuestro de los 331 gramos de marihuana, sino en la regularización pendiente del buque y en la definición judicial de responsabilidades. La comunicación oficial deja ese tramo abierto: el operativo terminó en el puerto, pero las consecuencias administrativas y penales continuarán fuera del muelle.