Arrestaron a un hacker argentino en Madrid por filtrar datos oficiales y atacar medios digitales
Policiales25/06/2026
REDACCIÓNEl arresto en España expuso una trama de doxxing, ataques a medios y venta de datos privados asociada a bases estatales y grupos cibercriminales.
La captura de un argentino de 22 años en Madrid dejó al descubierto una operatoria digital que no se limitaba a vulnerar páginas web para ganar notoriedad. El joven, identificado por las iniciales M.E.T.P. y conocido como Gov.eth, quedó arrestado luego de una investigación que vinculó ataques contra organismos estatales, medios de comunicación y bases de datos de distintos países. El dato más sensible del caso es que la pesquisa conectó intrusiones informáticas, difusión de datos privados y una red de exposición pública de víctimas. La Policía Nacional de España allanó el lugar desde donde operaba y secuestró dispositivos que podrían contener evidencia sobre hechos cometidos en la Argentina. El procedimiento tuvo impulso argentino, pero el golpe operativo se concretó en territorio español.
El búnker digital atribuido al sospechoso funcionaba en Madrid y fue ubicado a partir de información reunida por investigadores de la Policía Federal Argentina. La causa no describe a un hacker aislado frente a una computadora, sino a un operador que se movía entre comunidades cibercriminales, canales de mensajería y plataformas usadas para publicar datos sensibles. La identificación del alias Gov.eth permitió unir una identidad digital con una persona concreta, un domicilio y dispositivos bajo análisis judicial. El procedimiento derivó en el secuestro de dos teléfonos celulares y dos computadoras, considerados elementos de interés para reconstruir ataques previos. Ese material quedó en el centro de la investigación porque podría enlazar al detenido con intrusiones informáticas en territorio argentino.
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La actividad atribuida al joven se extendió entre 2024 y 2026 y alcanzó infraestructuras públicas y privadas de Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y México. En la Argentina, uno de los episodios más resonantes fue el ataque al sitio del diario Perfil, donde se difundieron imágenes del Documento Nacional de Identidad del presidente Javier Milei. El caso combinó exposición de datos personales, alteración de sitios periodísticos y mensajes de contenido racista, antisemita y de simbología extremista. La investigación también lo vinculó con la difusión de información privada de altos funcionarios del gobierno español. Ese alcance internacional explica la cooperación entre fuerzas de ambos países y la intervención de organismos especializados en crimen organizado.
El expediente argentino se inició en octubre del año pasado por directivas del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. A partir de esa orden, el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA trabajó sobre una megacausa denominada Dictadores. Esa investigación acumuló 21 allanamientos, once detenciones y la desarticulación de una organización cibercriminal señalada como peligrosa. Dentro de ese expediente, los investigadores ubicaron una pieza que todavía permanecía fuera del país: el usuario que operaba bajo el alias Gov.eth. La localización en España permitió cerrar una búsqueda que cruzó rastreo digital, datos biográficos, información geográfica y cooperación internacional.
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La pista que permitió avanzar sobre la identidad del sospechoso surgió del uso de herramientas contempladas en la Ley 27.319 de Técnicas Especiales de Investigación, Prevención y Lucha contra Delitos Complejos. Los investigadores rastrearon el alias utilizado en entornos vinculados a blockchain y lo asociaron con las iniciales M.E.T.P. El trabajo no se apoyó en una sola publicación, sino en el cruce entre actividad virtual, registros personales y ubicación física. A partir de ese seguimiento, se obtuvo la ficha registral completa del sospechoso y se llegó al inmueble utilizado como centro de operaciones en Rivas-Vaciamadrid. La información argentina luego pasó a la Policía Nacional de España, que también lo requería por cibercrimen.
La operatoria atribuida al detenido tenía una primera capa ligada al doxxing, una práctica que consiste en recopilar y difundir información privada sin consentimiento. Según la investigación, el joven promocionaba y comercializaba datos personales mediante bots operados en servicios de mensajería como Telegram. Los usuarios que pagaban por esos accesos podían consultar bases privadas, entre ellas registros vinculados al RENAPER y la DNRPA. La causa también menciona publicaciones en plataformas usadas para hostigar, intimidar o extorsionar mediante información sensible. Ese tramo coloca el caso en un terreno que excede el daño informático: también afecta privacidad, identidad y seguridad personal de las víctimas.
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La segunda parte de la maniobra apuntaba a vulnerabilidades técnicas de los sistemas atacados. El imputado, de acuerdo con la investigación, pagaba licencias anuales en euros de herramientas de auditoría que le permitían rastrear contraseñas comprometidas por distintos tipos de malware. Ese método convertía filtraciones previas, malas prácticas de seguridad y accesos débiles en puertas de entrada para nuevos ataques. Luego, cuando obtenía acceso a paneles de administración, podía modificar sitios web y reemplazar contenidos originales. La ausencia de verificación en dos pasos aparecía como una debilidad aprovechada para intervenir páginas de organismos, medios o plataformas privadas.
El tercer tramo consistía en ataques de defacement, una modalidad que altera la apariencia visual o el contenido de un sitio web sin autorización. En esos episodios, el sospechoso reemplazaba material original por imágenes creadas con inteligencia artificial, insultos y simbología neonazi o fascista. La búsqueda de impacto público era parte de la mecánica, porque después difundía capturas de pantalla para amplificar cada intrusión. El canal propio de Telegram asociado a Gov.eth funcionaba como vidriera de esos ataques ante una audiencia internacional. La investigación también lo ubicó dentro de grupos como Dictadores, Sherlock y La Pampa Leaks, este último asociado a filtraciones masivas del Estado uruguayo.
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La cooperación internacional tomó fuerza cuando la PFA compartió con la Policía Nacional de España la información reunida durante la pesquisa. Esa decisión respondió a que el sospechoso también aparecía requerido por el área de Cibercrimen española, en especial por la sustracción y difusión de datos privados de funcionarios de alto nivel. El caso dejó de ser una causa local cuando los investigadores argentinos documentaron un patrón de ataques con víctimas, plataformas y servidores distribuidos en varios países. El Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado funcionó como enlace para sostener ese intercambio. Con esos datos, la policía española allanó la vivienda y arrestó al joven en Madrid.
El expediente queda ahora abierto sobre dos planos: el penal, por los ataques y la difusión de datos, y el pericial, por el análisis de los dispositivos secuestrados. Las computadoras y teléfonos hallados en Madrid deberán determinar qué información conservaba el acusado, qué accesos usó y qué vínculos mantenía con otros integrantes de comunidades cibercriminales. La captura resolvió la localización del sospechoso, pero la investigación todavía debe precisar el alcance real de los ataques y la responsabilidad sobre cada intrusión atribuida. Ese es el límite actual de la información disponible. La causa ya cruzó fronteras; la prueba digital definirá cuánto de esa operatoria puede sostenerse ante la Justicia.
Fuente: NA.
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