Facturas dudosas, dólares en efectivo y castigos internos muestran la trama fiscal de los Cuadernos

Testigos de ARCA relataron cómo empresas de obra pública justificaban salidas de fondos, compraban divisas y desplazaban a quienes detectaban maniobras.

La pista fiscal del juicio de los Cuadernos dejó al descubierto una zona menos visible de la causa: el modo en que empresas contratistas del Estado registraban movimientos de dinero sin respaldo comercial suficiente. Agentes de la ex-AFIP, actual ARCA, declararon sobre facturas dudosas, proveedores observados, dólares retirados en efectivo y cambios internos posteriores a esas auditorías. Las exposiciones ante el tribunal no sólo describieron maniobras contables vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, sino también el recorrido laboral de quienes detectaron esas inconsistencias dentro del organismo recaudador.

La fiscal Fabiana León concentró parte de la audiencia en las consecuencias que sufrieron empleadas que intervinieron en esos controles. Verónica Iglesias, una de las testigos, declaró que luego de participar en las fiscalizaciones pasó de una jefatura a un puesto de asesora. La funcionaria no recibió una explicación formal por ese cambio, según relató ante el tribunal. El intercambio con la fiscal resultó breve, pero expuso el costado interno de las pesquisas: León preguntó “¿Por qué fue trasladada?” e Iglesias respondió “No tuve explicación”.

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La misma testigo dejó asentado que el cambio afectó su carrera dentro del organismo. Ante una nueva consulta de la fiscal, que quiso saber si el traslado implicó un retroceso, Iglesias contestó “Para mí... sí”. Ese tramo de la declaración conectó las auditorías fiscales con decisiones administrativas posteriores que alcanzaron a quienes revisaron los registros de empresas investigadas. La fiscalía incorporó esos testimonios para iluminar el funcionamiento de presuntas maniobras que permitían transformar fondos de obra pública en dinero disponible fuera del circuito ordinario de pagos.

Las empresas mencionadas integraban uniones transitorias para proyectos estatales de gran volumen. En ese grupo aparecieron Isolux, Fainser, Sacde y Esuco, vinculadas a empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y Juan Carlos Lascurain. El punto central no residía sólo en la contratación pública, sino en el uso posterior de adelantos de obra y pagos parciales. Según el material expuesto en el juicio, esas firmas contrataban proveedores o subcontratistas que, para el organismo recaudador, quedaban ubicados como contribuyentes de dudosa confiabilidad.

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Las observaciones fiscales apuntaron a comprobantes que permitían registrar salidas de dinero como si respondieran a pagos comerciales normales. Los agentes detectaron movimientos sin contraprestación comprobada, una condición que abría la puerta a justificar egresos de fondos mediante facturas de consistencia cuestionada. En la práctica, esos registros podían mostrar operaciones vinculadas a obras públicas, aunque el organismo no encontrara una prestación real detrás de los documentos. Esa diferencia entre papel contable y servicio efectivo ocupó un lugar central en las declaraciones incorporadas al debate oral.

Uno de los casos mencionados fue la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, adjudicada en 2007 por más de 2000 millones de pesos, cerca de 670 millones de dólares. Isolux participó allí mediante una unión transitoria, dentro de un esquema de obra pública con fuertes desembolsos estatales. La fiscalía buscó reconstruir cómo esos fondos podían salir luego bajo la apariencia de contrataciones, compras o pagos a terceros. Ese tramo permitió unir dos planos del expediente: la magnitud económica de los proyectos y el detalle técnico de las auditorías realizadas desde la agencia recaudadora.

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María Marta Criscuolo, otra empleada de la ex-AFIP que participó en las pesquisas, llevó la audiencia hacia una ruta financiera con salida internacional. La testigo se refirió a información recibida del banco Santander Río sobre Sacde, ex Iecsa, firma entonces ligada a Angelo Calcaterra, y sobre Héctor Javier Sánchez Caballero. Su declaración ubicó parte del dinero fuera del país, mediante un recorrido que involucró Nueva York y la Banca Privada de Andorra. Criscuolo afirmó “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.

La misma testigo describió operaciones de compra de dólares para tenencia realizadas por la UTE vinculada a Iecsa, que integró el fallido soterramiento del tren Sarmiento. A partir de bases informáticas del organismo, los auditores observaron compras de divisas y luego consultaron a la empresa por ese movimiento. La respuesta recibida por los agentes colocó esos dólares en manos de apoderados, fuera de una trazabilidad bancaria ordinaria. Criscuolo declaró “Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo”.

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La contadora también precisó el volumen aproximado de esas operaciones, aunque aclaró que no recordaba la cantidad exacta de compras realizadas. Su testimonio ubicó la cifra en torno a los tres millones de dólares, un dato relevante para medir la escala de los movimientos investigados. Ante el tribunal expresó “Creo que había adquirido tres millones de dólares. No me acuerdo si habían sido en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia”. Esa frase reforzó la hipótesis fiscal sobre un circuito de fondos estatales que pasaba por registros contables y podía terminar convertido en efectivo.

Andorra apareció además como un destino con peso propio dentro del expediente Cuadernos. La causa también vinculó estructuras en ese país con Daniel Muñoz, fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, señalado por una fortuna destinada a inmuebles en la Argentina, Nueva York y el Caribe. La Unidad de Información Financiera reconstruyó una transferencia de 1.000.000 de dólares realizada en septiembre de 2013 desde una cuenta en la Banca Privada de Andorra hacia un estudio jurídico en Miami. Ese dinero se utilizó luego para comprar un departamento en el edificio Turnberry Ocean.

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El costo interno para quienes participaron de los controles volvió a aparecer con la declaración de Criscuolo. La testigo dijo que perdió su cargo de supervisora en 2020 y que pasó a confeccionar sumarios dentro del organismo. La fiscalía mostró así una posible relación entre las tareas de fiscalización y los desplazamientos posteriores de agentes que revisaron operaciones sensibles. Cuando León le preguntó por los motivos de ese cambio, Criscuolo respondió “No me dieron los motivos”, una frase que quedó en línea con lo declarado por Iglesias sobre su propio traslado.

El tramo fiscal del juicio Cuadernos dejó una lectura concreta sobre el funcionamiento que la acusación intenta probar. Las declaraciones no se limitaron a describir empresas, obras y comprobantes, sino que mostraron cómo una auditoría tributaria podía detectar salidas de fondos, compra de divisas, pagos sin respaldo suficiente y consecuencias laborales para quienes seguían esa pista. La discusión oral sumó así una capa operativa al expediente: el dinero no sólo debía circular, también debía quedar escrito de algún modo en los registros contables.

Fuente: LA NACION.