La mansión con 54 autos y helipuerto ligada a la AFA sigue frenada en una disputa judicial

La Cámara Penal Económica reclamó el expediente a Campana y dejó a Pantano y Conte sin Casación mientras se investiga una quinta valuada en US$20 millones.

La investigación por la quinta de Pilar vinculada al entorno de la AFA permanece trabada entre tribunales, pese a que la Cámara en lo Penal Económico ya ordenó que el expediente salga de Campana y pase a la Capital Federal. El caso no gira sólo alrededor de una propiedad de cinco hectáreas, sino de una causa que busca determinar el origen de fondos, el rol de supuestos testaferros y una posible maniobra de lavado ligada al tesorero Pablo Toviggino. La demora pesa sobre una pesquisa donde los allanamientos encontraron 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

La Cámara reclamó al juez federal de Campana, Adrián González Charbay, que remita el expediente “con carácter de muy urgente” al juzgado penal económico N° 10, hoy a cargo de Verónica Straccia. La orden llegó después de que transcurrieran 13 días desde la decisión que quitó el caso de Campana y lo ubicó en la Justicia especializada en lavado de dinero y evasión. Ese movimiento dejó expuesta una demora concreta: la causa ya tenía destino judicial definido, pero seguía físicamente retenida fuera del tribunal que debía investigarla.

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La disputa por la competencia ocupa un lugar decisivo porque la investigación de fondo aún espera un cauce estable. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, resolvieron el 12 de junio sacar el expediente del juzgado de Campana. La definición cerró siete meses de pelea judicial sobre qué magistrado debía conducir una causa que involucra bienes de alto valor, sociedades comerciales, presuntos testaferros y posibles fondos desviados de la AFA. La Cámara también pidió a Straccia que reclame formalmente la causa a González Charbay.

Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, aparecen como los dueños formales de la propiedad investigada a través de la sociedad Real Central S.R.L. La Cámara les negó ahora la posibilidad de llegar a Casación contra la decisión que sacó el expediente de Campana. El tribunal consideró que el debate sobre competencia no equivale a una sentencia definitiva ni produce un daño imposible de reparar más adelante. Con ese criterio, Hornos y Robiglio rechazaron el recurso, impusieron las costas y mantuvieron el caso bajo la órbita penal económica porteña.

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La quinta investigada está ubicada en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar, y fue tasada en 20 millones de dólares. El predio cuenta con instalaciones que superan ampliamente una vivienda de descanso: helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de vehículos de colección y alta gama. La sospecha central de los investigadores apunta a que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con semejante adquisición. Esa diferencia entre titularidad formal y capacidad económica sostiene la hipótesis de testaferros.

La sociedad que figura detrás de la compra también quedó bajo observación por sus cambios repentinos. Originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L., registraba escasa actividad y tenía un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 pasó a llamarse Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos; catorce días después, compró la quinta. Ese salto societario, por plazos y montos, quedó incorporado como uno de los datos sensibles para reconstruir la operatoria patrimonial.

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Los indicios reunidos en la pesquisa incluyen una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, utilizada para abonar gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad. Ese elemento conecta la mansión, los vehículos y la estructura formal de la entidad futbolística dentro de una causa que también mira hacia Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y figura cercana a Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación busca determinar si la titularidad de Real Central encubría una relación económica o patrimonial más amplia con el dirigente.

El expediente ya pasó por tres ámbitos judiciales antes de quedar nuevamente bajo la Cámara Penal Económica. La causa comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se ordenaron las primeras medidas y se allanó la quinta; luego pasó al Juzgado Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky. Durante la feria de enero, un planteo de inhibitoria presentado por Pantano llevó el caso a Campana, hasta que la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa derivación. Ese recorrido explica por qué la investigación acumula meses sin avanzar sobre el núcleo patrimonial.

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La defensa de Pantano y Conte objetó el regreso del caso a la Justicia Penal Económica y planteó que se afectó al juez natural. También cuestionó irregularidades en el trámite de inhibitoria, habló de “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”. La Cámara desestimó esos argumentos al considerarlos insuficientes para abrir la vía de Casación en una discusión de competencia. Los jueces calificaron esas referencias como opiniones extrajurídicas sin entidad técnica para modificar el rumbo procesal del expediente.

La negativa de la Cámara no clausura por completo las chances defensivas, pero reduce el margen para seguir discutiendo el tribunal de radicación. A Pantano y Conte todavía les queda la posibilidad de presentar una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esa vía tiene admisibilidad estricta y aparece cuesta arriba, porque la propia Casación ya indicó que la Cámara Penal Económica era la competente para resolver el conflicto. Si la defensa insiste, el nuevo planteo podría prolongar una demora que ya postergó la investigación central durante siete meses.

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El punto que permanece pendiente es el origen del dinero usado para comprar la quinta y sostener una estructura de lujo difícil de explicar desde los patrimonios declarados por sus titulares formales. La hipótesis fiscal ubica la maniobra dentro de un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares. Con el expediente reclamado a Campana, el juzgado de Straccia deberá retomar la pesquisa sobre la propiedad, los fondos, Real Central S.R.L. y el eventual rol de Pantano y Conte como pantalla patrimonial. Esa etapa define el límite operativo que la causa todavía no logró cruzar.

Fuente: LA NACION.