Perpetua al femicida de Villa Lugano que asfixió a Mariel y abandonó el cuerpo en un centro de salud

El Tribunal Oral N°25 condenó a prisión perpetua a Cristian García por el femicidio de Mariel Jiménez, ocurrido en mayo de 2024 en Villa Lugano. García tenía orden de restricción y la víctima contaba con botón antipánico.

La historia de Mariel Jiménez con la Justicia comenzó cuatro años antes de la sentencia. En mayo de 2022, la joven denunció a Cristian Gabriel García y obtuvo medidas de protección: un botón antipánico y custodia policial permanente frente a su domicilio en Villa Lugano. Sin embargo, la comisaría levantó la consigna en los días previos al crimen, y García —que además tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento— ingresó a la vivienda.

Lo que ocurrió el 24 de mayo de 2024 quedó acreditado con precisión en el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25. Los jueces determinaron que García "asfixió a la víctima dentro de su casa", ubicada sobre la calle Nicolás Dezcalzi al 5500, y que luego "la ató de manos y piernas, la colocó sobre la cama y ejerció presión para evitar que se moviera y que pudiera respirar, lo que ocasionó la muerte de Mariel". La sistematicidad de los actos descriptos en el expediente refleja una violencia planificada, no un estallido repentino.

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Tras consumar el crimen, García llamó a sus hermanos. Cuando llegaron, según relataron, les dijo que "se había mandado una macana". El eufemismo con el que el acusado describió el femicidio de su pareja se convirtió en una de las frases más resonantes del debate oral. Con la complicidad pasiva de sus familiares, García envolvió el cuerpo de Mariel en una frazada y lo trasladó hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3, donde lo abandonaron.

Ese traslado no pasó inadvertido. Una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad registró toda la secuencia: el grupo llevando el cuerpo envuelto, dejándolo frente al establecimiento de salud y retirándose. Esas imágenes, junto con los testimonios y la pericia forense, formaron el núcleo probatorio que sostuvo la acusación durante el juicio oral. La fiscalía, a cargo de María Luisa Piqué, pidió prisión perpetua y el tribunal lo concedió.

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Los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini condenaron a García por homicidio doblemente agravado: por haberse cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja, y contra una mujer mediando violencia de género. Dos de los tres magistrados —Navarro y Alterini— añadieron además la condena por desobediencia a funcionario público, en virtud de la orden de restricción que García violó cuando se acercó a la víctima. La pena unificada fue la máxima prevista por el Código Penal.

El tribunal, en cambio, absolvió a García por los episodios de abuso sexual y amenazas coactivas que Mariel había denunciado en vida. Esa decisión representa un contraste significativo dentro del fallo: las mismas pruebas que resultaron suficientes para condenar el femicidio no alcanzaron para sostener los otros delitos que la víctima había reportado formalmente. El punto abre un interrogante sobre los estándares probatorios aplicados a las denuncias previas de violencia.

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La sentencia también tuvo una dimensión reparatoria. El tribunal puso a disposición de ANSES la resolución para que se tramite una reparación económica a la hija de Mariel Jiménez, en el marco de la Ley N°27.452, conocida como Ley Brisa. Esa norma establece una renta para hijos e hijas de víctimas de femicidio, reconociendo el daño patrimonial y emocional que genera la pérdida de una madre a causa de la violencia de género.

El caso expone con claridad las fallas sistémicas que precedieron al crimen. Mariel había recorrido todos los caminos institucionales disponibles: realizó la denuncia, obtuvo el botón antipánico, contó con custodia. Sin embargo, la protección fue retirada sin que hubiera una evaluación de riesgo que lo justificara. El levantamiento de la consigna policial en los días previos al femicidio es hoy una pregunta sin respuesta formal sobre la responsabilidad del Estado.