Trump amenaza con aranceles del 100% si Europa grava empresas tecnológicas de EE.UU.

El poder arancelario de Donald Trump llega a esta semana más acotado que nunca. En febrero pasado, la Suprema Corte anuló los aranceles recíprocos que el mandatario había diseñado para imponer tasas individualizadas a casi todos los países del mundo bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. 

Horas después del fallo, Trump firmó una orden ejecutiva que activó un nuevo arancel global del 10 por ciento bajo la Sección 122 de la Ley Comercial de 1974, aunque con una restricción insalvable: esa medida solo puede mantenerse vigente por 150 días.

Es precisamente desde esa posición debilitada que el presidente escaló su confrontación con Europa. El viernes pasado anunció que impondrá un arancel del cien por ciento sobre todos los productos que envíen a Estados Unidos los países que apliquen un impuesto por servicios digitales a compañías estadounidenses. La amenaza apunta directamente a los socios comerciales más importantes de Washington y llega en un momento en que las herramientas legales disponibles para sostenerla son más limitadas que en cualquier otro punto de su gestión.

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La columna vertebral de la advertencia está en el mecanismo de castigo anunciado. "Este arancel sustituirá los acuerdos comerciales logrados con el país, se hayan aplicado o no, se hayan firmado o no", escribió Trump en sus redes sociales el mismo día del anuncio. La frase borra con un decreto lo que años de negociaciones multilaterales construyeron, y lo hace con una condición imposible de ignorar: no importa si el acuerdo ya está en vigor, si está solo firmado o incluso si todavía está en proceso. La ruptura sería automática.

El elemento central que motivó la escalada es el debate en curso en el bloque europeo sobre los impuestos digitales. "Numerosos países europeos han estado discutiendo la inminente aplicación de un impuesto por servicios digitales a compañías estadounidenses", señaló Trump en el mismo comunicado. Ese debate no es nuevo: más de una decena de países ya tienen implementado algún esquema de gravamen sobre plataformas digitales, y varios miembros de la Unión Europea vienen discutiendo la posibilidad de avanzar en regulaciones propias desde hace varios años.

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Lo que cambió ahora es el nivel de urgencia percibido desde Washington. Trump añadió que "Algunos de estos países de hecho están cerca de hacerlo", una señal de que la Casa Blanca interpreta que el margen de tiempo para disuadir se estrecha. Ese diagnóstico de inminencia es el que justifica, según la lógica del anuncio, pasar de advertencias difusas a una amenaza con fecha de ejecución inmediata. La presión ya no es prospectiva: es directa.

Las empresas que quedan en el centro de la disputa son las que definen la economía digital global. Meta, Alphabet y Amazon concentran la mayor parte del tráfico, la publicidad en línea y el comercio electrónico en los mercados donde estos impuestos se discuten. Los impuestos por servicios digitales fueron diseñados precisamente para capturar una porción de los ingresos que estas compañías generan en jurisdicciones donde tienen usuarios pero no siempre tributan de manera proporcional. Que sean empresas estadounidenses es el argumento que Trump usa para convertir lo fiscal en una cuestión de política exterior.

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En ese marco, la posición de la administración no es nueva sino una profundización de compromisos previos. Con anterioridad, Trump ya había prometido tomar represalias contra los países que fijaran estos impuestos y había argumentado que atacan injustamente a los gigantes tecnológicos del país. Lo que se agrega esta vez es la cuantía —cien por ciento— y la amenaza de dejar sin efecto los marcos bilaterales vigentes, lo que eleva considerablemente el costo potencial para los países que decidan avanzar.

La respuesta que podría dar Europa es una de las incógnitas más relevantes del escenario que se abre. El bloque ya respondió con medidas de represalia durante la primera ronda arancelaria de Trump y tiene capacidad para escalar el conflicto comercial si lo decide. Al mismo tiempo, la debilidad legal de las herramientas arancelarias de la administración —expuesta por la propia Suprema Corte— reduce la certeza sobre cuánto de lo anunciado podría sostenerse si llega a un tribunal. La disuasión funciona si la amenaza es creíble, y esa credibilidad hoy está en disputa.

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Lo que queda en pie del arsenal arancelario de Trump después de los fallos judiciales es, en definitiva, la variable que definirá cuánto peso tiene la advertencia del viernes. El arancel del 10 por ciento activado bajo la Ley Comercial de 1974 expira en el plazo de 150 días, y la vía de los aranceles recíprocos fue bloqueada por la Corte Suprema. Si Europa decide avanzar con sus impuestos digitales, la Casa Blanca deberá resolver primero un problema de arquitectura legal antes de poder ejecutar la represalia que acaba de anunciar.