Las cárceles federales sumaron 12.152 detenidos y la PPN denunció datos ocultos

El informe anual de la Procuración Penitenciaria contabilizó 48 muertes, 332 casos de malos tratos y la falta de cifras oficiales por establecimiento.

La población alojada en las cárceles federales argentinas llegó a 12.152 personas detenidas en diciembre de 2025, según el relevamiento que difundió la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). De ese total, 11.164 son varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). El 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva al momento del registro.

Ese universo creció de manera sostenida en los últimos dos años, con un aumento del 5,4% en 2024 y del 3,6% en 2025. Para responder a esa presión, el Servicio Penitenciario Federal declaró un incremento de 516 plazas durante el año pasado. La diferencia entre la cantidad de personas y los lugares disponibles atraviesa todo el diagnóstico del organismo.

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La cara más crítica de ese desequilibrio aparece en los centros transitorios de la Ciudad de Buenos Aires. El informe denuncia que más de 2.339 personas permanecen alojadas en comisarías y alcaidías porteñas que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro. El hacinamiento en esos espacios constituye, para la PPN, uno de los problemas estructurales que se mantienen sin solución.

A ese cuadro se suma una preocupación que el organismo subraya con especial énfasis: la falta de acceso a información actualizada. La Procuración advirtió que no dispone de datos desagregados por establecimiento penitenciario porque esa información dejó de publicarse en el sitio web oficial. La última actualización disponible corresponde a un informe de 2024.

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El seguimiento de las condiciones de detención dejó un registro detallado de situaciones graves. Durante el año se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención. También se reportaron 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos.

El volumen de demandas que recibió el organismo refleja la dimensión cotidiana de esos problemas. A lo largo de 2025 la PPN recibió 19.539 reclamos, vinculados principalmente a cuestiones de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia. Frente a esas presentaciones se realizaron monitoreos en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, además de dependencias de fuerzas federales.

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La respuesta institucional incluyó instrumentos formales y litigios. La Procuración emitió seis recomendaciones sobre expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos. A la vez intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención.

Uno de esos planteos apuntó directamente al acceso a la educación dentro del sistema. Presentado en marzo, impugnó la Resolución 372/2025, que restringió el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales. La medida prohibió el funcionamiento de centros de estudiantes y limitó el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.

El capítulo laboral concentra el retroceso normativo más profundo según el documento. El organismo describió una reducción de las horas laborales de las personas detenidas y un debilitamiento del acceso al trabajo en contextos de encierro a través de distintas resoluciones ministeriales. Ese proceso, explicaron las autoridades, se profundizó con la Reforma Laboral aprobada a fines de febrero de 2026.

La Ley Nº 27.802 avanzó en la limitación del derecho al trabajo de este colectivo al excluirlo del régimen común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Frente a ese escenario, la PPN presentó objeciones constitucionales a las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El informe fue remitido el 28 de mayo a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875.