La Corte Suprema ordenó aplicar la ley de inmediato y el Ejecutivo calcula un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.
El Gobierno Nacional estima que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795) lo obligaría a desembolsar entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, una cifra que coloca a la normativa en el centro de la disputa por el superávit fiscal. La gestión de Javier Milei ratificó que priorizará las cuentas públicas de manera estricta y que la sanción del Congreso no especificó de qué partidas saldrían esos fondos.
El reclamo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Ejecutivo a poner en marcha la ley de forma inmediata mediante un fallo que rechazó de forma unánime un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. Pese a ese revés judicial, el oficialismo sostuvo que la decisión «no resuelve la cuestión de fondo» sobre la constitucionalidad de la normativa.
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El Poder Ejecutivo apoya su negativa en el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma con «un gasto extra» detalle su fuente de financiamiento. Según esa interpretación, sin esa precisión la única alternativa sería ordenar emisión monetaria, lo que generaría «más inflación» y «desestabilizaría» el plan económico que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde los gremios docentes la lectura es opuesta. La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, aseguró que el Gobierno «pretende no pagar» y por eso recurrió al veto, «que no entró por ninguna de las dos Cámaras», y a un artículo incluido en el presupuesto que «tampoco fue aceptado por el Parlamento». Para la dirigente, la respuesta sobre los recursos es sencilla: «si quiere, yo le digo al Gobierno Nacional de dónde sale la plata, muy simplemente se puede decir».
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Celotto sostuvo que el fallo de la Corte fue «muy bien recibida por toda la masa de trabajadores» y que la Justicia se expidió porque «sintió la presión del movimiento». En esa línea, advirtió: «Ahora está más claro que nunca que no hay que quedarse con el 21,3%, sino que tenemos que exigir lo que nos corresponde», y anticipó que en agosto, con el inicio del segundo cuatrimestre, buscan retomar el plan de lucha.
El secretario general de ADUBA y docente del CBC, Emiliano Cagnacci, planteó que la decisión judicial «va en línea de lo que hizo hace dos semanas» al rechazar la recusación de los jueces. Remarcó que la cautelar abarca el salario docente, no docente y las becas estudiantiles, y que en el caso salarial «dice que es de carácter alimentario», motivo por el cual la Corte dejó en pie lo resuelto en primera instancia y en la Cámara. Mientras tanto, el Gobierno le habría solicitado a la SIGEN que intensifique las auditorías sobre el uso de los fondos en todas las facultades autónomas.
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