El crimen de Pérez Algaba llega a juicio con tres acusados por homicidio agravado

Policiales29/06/2026

Pilepich, Vargas y Gil serán juzgados por homicidio agravado; la acusación ubica una deuda de 50 mil dólares como móvil del crimen.

Fernando, Pérez Algaba — Fernando Pérez Algaba

El jurado popular deberá escuchar desde este lunes una acusación construida alrededor de dinero, engaño, muerte y ocultamiento del cuerpo. Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil llegan al banquillo por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez. El debate se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 de Lomas de Zamora y pondrá bajo análisis una trama que la querella vincula con una deuda de 50 mil dólares.

La instancia que empieza ahora no juzgará a todos los mencionados en la causa, pero sí a tres imputados ubicados en un tramo central de la acusación. Pilepich, Vargas y Gil afrontan cargos por homicidio agravado por alevosía, codicia y concurso premeditado de varias personas. Esa calificación coloca el caso en una escala penal de máxima gravedad y obliga al jurado a evaluar si el crimen respondió a un plan previo, ejecutado para cancelar una deuda mediante el asesinato.

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El juicio tendrá jornadas extensas, con audiencias previstas desde las 8.00 hasta las 17.00. El cronograma judicial indica que el debate se extenderá hasta el 9 de julio, fecha en la que se conocería el veredicto. Ese plazo concentra en pocos días una reconstrucción compleja: el encuentro en General Rodríguez, los disparos, el desmembramiento del cuerpo, el traslado de los restos y el hallazgo posterior en un arroyuelo del sur del Gran Buenos Aires.

La acusación sostiene que Pérez Algaba fue hasta el campo para cobrarle una deuda a Pilepich. Allí, según esa hipótesis, quedó atrapado en una maniobra preparada de antemano. La querella interpreta que el móvil fue económico y que el asesinato buscó dejar sin efecto el reclamo de 50 mil dólares. Esa lectura desplaza el caso del terreno de una pelea circunstancial hacia una imputación de codicia y planificación.

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El cuerpo del empresario apareció descuartizado y esparcido en un arroyuelo. Parte de los restos fue encontrada dentro de una valija, un dato que al comienzo de la investigación llevó a la imputación de una joven trans porque la maleta era de su propiedad. Con el avance del expediente, esa mujer fue sobreseída y quedó fuera del juicio, una corrección judicial relevante dentro de una causa que atravesó varias líneas de investigación.

La mecánica atribuida por la querella reparte roles entre distintos acusados. Pilepich y Vargas aparecen señalados como quienes planearon el ataque, mientras que Gil y Fernando Gastón Carrizo figuran vinculados al traslado del cadáver. La acusación también ubica a la gestora Flavia Bomrad en una supuesta trampa para llevar a Pérez Algaba hasta el campo de General Rodríguez. Ese punto será central para determinar si el encuentro fue una cita de cobro o una emboscada.

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El expediente incluye además al comisario Horacio Córdoba, señalado por la querella como quien se encargó de desmembrar el cuerpo y ocultarlo en valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo de Ingeniero Budge. Ese tramo de la imputación le da al caso una dimensión especialmente grave, porque incorpora a un integrante de una fuerza de seguridad dentro de la presunta maniobra de ocultamiento. Córdoba, sin embargo, no formará parte de este juicio por jurados.

Los otros acusados irán a un juicio ordinario ante el mismo tribunal, aunque ese proceso todavía no tiene fecha establecida. Allí estarán Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. La división procesal deja dos caminos abiertos: el jurado popular resolverá la situación de tres imputados, mientras el resto enfrentará un debate distinto y posterior. Esa separación obliga a mirar el caso como una causa judicial todavía inconclusa.

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El asesinato de Pérez Algaba quedó marcado por la brutalidad del desenlace, pero el juicio deberá concentrarse en pruebas, roles y responsabilidades. El tribunal no revisará solamente cómo apareció el cuerpo, sino quiénes participaron antes, durante y después del crimen. Para la acusación, el recorrido empieza con una deuda, sigue con una cita en un campo y termina con el intento de borrar rastros mediante el desmembramiento y la dispersión de restos.

El jurado tendrá que evaluar si los elementos reunidos por la investigación alcanzan para sostener la hipótesis de un homicidio agravado por alevosía, codicia y participación premeditada. La diferencia entre un crimen improvisado y un plan organizado será una de las discusiones decisivas del debate. También pesará el modo en que la acusación logre vincular a cada imputado con una función concreta dentro de la secuencia criminal.

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La familia y la querella llegan a esta etapa con una hipótesis definida: Pérez Algaba fue asesinado para que una deuda dejara de existir. Los imputados llegan al debate con la posibilidad de defenderse ante un jurado que deberá separar el impacto público del caso de la prueba producida en audiencia. Esa tensión será inevitable en un expediente atravesado por imágenes fuertes, múltiples acusados y una reconstrucción que combina dinero, violencia y encubrimiento.

El veredicto previsto para el 9 de julio puede cerrar una parte importante del expediente, aunque no agotará toda la causa. La consecuencia pendiente quedará en el proceso ordinario contra los otros acusados y en la respuesta que el sistema judicial pueda dar sobre el reparto completo de responsabilidades. El juicio que empieza ahora definirá la situación de tres hombres, pero el caso Pérez Algaba todavía tendrá otro capítulo en tribunales.

Fuente: NA.