El hospital de Madryn con saturación porque debe absorber el colapso de las obras sociales y el recorte de PAMI

El Consejo Provincial de Personas Mayores denunció en #LA17 que las trabas nacionales vaciaron las cartillas médicas privadas y saturan las guardias públicas.

El laboratorio del hospital público de Puerto Madryn funciona como el receptor directo del quiebre de cobertura que afecta a los principales esquemas médico-asistenciales de la región. Las salas de espera registran mañanas de saturación completa debido a la concurrencia forzada de adultos mayores que no encuentran respuestas operativas en el sector privado. Las mediciones institucionales confirman que el sesenta por ciento de los ciudadanos apostados en las filas de extracción pertenece de forma exclusiva a los padrones de PAMI o a la obra social provincial SEROS.

La masiva migración hacia las guardias del Estado responde a la imposibilidad fáctica de los jubilados de afrontar los elevados aranceles de coseguro que exigen las clínicas y laboratorios privados de la costa chubutense. Las familias de los pasivos se ven empujadas a abandonar los turnos programados en los consultorios particulares al carecer de los fondos líquidos para cubrir los copagos extraordinarios. Esta barrera económica traslada la totalidad de la demanda biológica de análisis de baja y alta complejidad hacia un sistema sanitario público que opera al límite de sus capacidades físicas.

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La parálisis de las prestaciones médicas externas se profundizó en Puerto Madryn a raíz de la deserción en cadena de los profesionales encargados del primer nivel de atención. Las planillas oficiales registran la renuncia efectiva de cinco médicos de cabecera en los últimos meses, dejando a miles de afiliados locales en una situación de desamparo administrativo absoluto. "Esto deja a los afiliados sin su médico asignado, y ahí aparte ahora se suman los centros de salud privados que mantienen una constante advertencia sobre o la suspensión o la restricción de estudios, o incluso hasta en las derivaciones tenemos problemas", expuso Oscar Furci en diálogo con el programa "El quinto poder" por #LA17.

Las derivaciones internas que logran concretarse ingresan en un cuello de botella logístico debido al desinterés de los prestadores por sostener los convenios de reciprocidad vigentes. Las agendas de los pocos profesionales médicos remanentes se encuentran bloqueadas, estableciendo plazos de espera que desnaturalizan el carácter de la urgencia en la tercera edad. "Yo fui a pedir turno para mi médico de cabecera y me dieron el turno a 40 días. Te imaginás, si después de 40 días el médico de cabecera me deriva un estudio, me muero en el camino porque no llego, lo que menos tiene un jubilado es tiempo", graficó el titular del Consejo Provincial de Adultos Mayores ante los micrófonos radiales.

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La eclosión del sistema médico asistencial local se encuentra vinculada de forma directa a la aplicación de la resolución nacional emitida por la obra social de los jubilados. La normativa centralizada fijó cupos estrictos a las facturaciones de las clínicas y laboratorios con el argumento de frenar maniobras de sobreprestación económica en las provincias. El establecimiento de techos financieros fijos provocó que los policonsultorios privados restringieran la cantidad de días de atención semanal y recortaran los cupos disponibles para prácticas diagnósticas complejas.

Los profesionales de la medicina argumentan que los valores asignados por la cápita generalizada quedaron desactualizados frente a los índices generales de inflación y costos operativos. El desfasaje de los honorarios fijados centralizadamente desincentiva la retención de especialistas en la cartilla de Puerto Madryn, forzando la redistribución caótica de pacientes en consultorios saturados. Para la dirigencia de la tercera edad, el esquema asistencial de Prosate se encuentra perimido en sus bases estructurales al no haber evolucionado al ritmo del incremento demográfico de afiliados de la zona costera.

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Las gestiones institucionales entabladas ante las oficinas de la Unidad de Gestión Local (UGL) carecen de impacto real debido a la subordinación total de la delegación hacia las directivas porteñas. Las autoridades locales de la obra social carecen de facultades administrativas para alterar las políticas presupuestarias o modificar los cupos de atención médica asignados a la provincia de Chubut. Esta falta de autonomía operativa transforma los reclamos de los concejales y los amparos de la Defensoría del Adulto Mayor en meros trámites burocráticos sin consecuencias prácticas en las cartillas.

La búsqueda de mediación política en el Congreso de la Nación tampoco arrojó resultados favorables para destrabar el financiamiento de los efectores médicos de la Patagonia. Las cartas y carpetas técnicas remitidas a las bancadas de los diputados y senadores nacionales de distintas extracciones ideológicas no obtuvieron respuestas institucionales. "Hemos girado cartas a los distintos legisladores nacionales, de los que no hemos tenido eco, lamentablemente, parece que todos se están mirando el ombligo y están pensando en mantener la candidatura para las próximas elecciones y de los viejos no se acuerdan", fustigó Furci en la entrevista radial con Sergio Ruiz.

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Ante la persistencia de los bloqueos en las mesas de negociación con la obra social nacional, la dirigencia de la tercera edad comenzó a articular el peso de su volumen demográfico en las urnas regionales. La masa crítica de beneficiarios directos comprende a más de 13.000 afiliados netos de PAMI dentro de los límites de Puerto Madryn, bloque al que se acoplan los retirados de las cajas de la docencia, la policía provincial y la administración centralizada. "Somos 13.000 aquí en Madryn, de PAMI solamente, más ADOS, más jubilados docentes, policías. Yo creo que deberían pensar también en alguna medida que favorezca a la tercera edad, porque también vota", advirtieron desde el Consejo como estrategia de presión hacia el arco político tradicional.