Sospechan que las privatizaciones esconden una maniobra para vender activos estatales por debajo de su valor

El proceso de privatización de varias empresas estatales quedó envuelto en una fuerte controversia judicial. Distintas presentaciones sostienen que el Gobierno implementó un esquema para realizar las valuaciones fuera del organismo competente, lo que habría permitido avanzar con tasaciones cuestionadas y mantener en reserva la documentación vinculada a esas operaciones, según publicó Ámbito.

Las denuncias alcanzan a empresas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Según la información publicada, el eje del cuestionamiento apunta al desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación y a la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía.

El cambio de procedimiento comenzó luego de que el Gobierno anunciara, durante 2024, su intención de privatizar esas compañías. En lugar de que las valuaciones quedaran en manos del Tribunal de Tasaciones, esa tarea pasó al BICE, que creó durante 2025 una Unidad de Valuaciones específicamente para intervenir en esos procesos.

OTRAS NOTICIAS

Condenaron a una mujer por el plan que buscó frenar el regreso de Di María

Las objeciones también alcanzan al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte. Según la denuncia, decidió de manera unilateral que el organismo no participara en ninguna de las tasaciones, una determinación que posteriormente quedó bajo cuestionamiento por su encuadre legal y administrativo.

Uno de los expedientes que comenzó a avanzar en la Justicia corresponde a Intercargo. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y requirió al Ministerio de Economía información sobre el proceso de privatización y las valuaciones realizadas por el BICE, documentación que hasta ahora permanecía reservada.

La presentación judicial de APA enumera varias presuntas irregularidades, entre ellas una subestimación de las proyecciones financieras de la empresa, la utilización selectiva de metodologías de valuación, la falta de transparencia del procedimiento y la exclusión del Tribunal de Tasaciones, organismo previsto por la legislación vigente para estas tareas.

OTRAS NOTICIAS

Encuestas: ¿Milei supera a Kicillof en los sectores de clase baja para la presidencial?

Otro de los casos señalados corresponde a las centrales hidroeléctricas del Comahue, cuya privatización ya fue concretada. Una denuncia presentada por la Fundación Soberanía de Neuquén sostiene que esos activos fueron transferidos sin contar con una tasación oficial realizada por el organismo competente y reclama acceso a los contratos, que hasta el momento permanecen bajo reserva.

Las críticas también alcanzan el caso de Nucleoeléctrica Argentina. De acuerdo con fuentes citadas en la publicación, la empresa tendría una valuación estimada entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, mientras que el Gobierno buscaría desprenderse del 44% de la compañía por alrededor de 1.000 millones de dólares. Esa diferencia forma parte de los cuestionamientos incorporados a las denuncias.

El informe también menciona que tanto el Banco Nación como el Banco Central habrían rechazado intervenir en las tasaciones. Posteriormente, el BICE conformó una unidad específica para asumir esa función, pese a que tradicionalmente el banco desarrolla actividades vinculadas al comercio exterior y no a la valuación de empresas públicas.

Las presentaciones judiciales sostienen que el procedimiento podría vulnerar la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que exige que las tasaciones utilizadas como base para privatizaciones tengan carácter de presupuesto oficial y se desarrollen bajo criterios de máxima transparencia y publicidad. Con esos planteos ya incorporados a distintas causas, la Justicia comenzó a solicitar documentación para determinar cómo se realizaron las valuaciones cuestionadas.