
La causa por presunto enriquecimiento ilícito incorporó consumos con tarjetas, compras atribuidas a colaboradores y pagos en efectivo bajo análisis judicial.

La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó un nuevo dato patrimonial en Comodoro Py. Según cálculos de los investigadores, el ex jefe de Gabinete registró consumos por $139 millones con tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Ese período abarca su paso por el Gobierno nacional, primero como vocero presidencial y luego como jefe de ministros.
El expediente está delegado en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y tramita ante el juez Ariel Lijo. La causa investiga un posible enriquecimiento ilícito, por lo que el eje está puesto en determinar si los ingresos declarados alcanzan para explicar bienes, consumos y pagos detectados. Por ahora, los datos forman parte de una etapa de análisis y no implican una condena ni una conclusión definitiva.


Los resúmenes bancarios incorporados al expediente permitieron reconstruir el volumen de gastos del ex funcionario. De acuerdo con la información publicada, esos consumos superaron en distintos meses el salario que percibía dentro de la administración pública. Hasta fines de 2025, su sueldo rondaba los $3,5 millones mensuales, y luego pasó a ubicarse cerca de $7,6 millones.
La fiscalía también analiza operaciones realizadas con tarjetas de crédito de empleados que trabajaban bajo la órbita de Adorni. Entre esas compras aparecen un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 y dos proyectores para videojuegos, adquiridos en agosto de 2025 por un total cercano a $5,8 millones. Los pagos figuran asociados a tarjetas de Laura Daniela Schiuma y Luis Enrique Aluju, ambos vinculados a áreas de la Vocería Presidencial.
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Uno de los puntos que busca precisar la investigación es si esas operaciones fueron simples préstamos de tarjetas o si funcionaron como una forma de ocultar gastos reales. Infobae informó que una de las personas involucradas declaró como testigo en tribunales federales y que el entonces funcionario le reintegraba el dinero en efectivo. Esa dinámica quedó incorporada al expediente como parte del cruce entre consumos, ingresos y explicaciones patrimoniales.
El análisis no se limita a los gastos con tarjetas. La causa también revisa pagos en efectivo, viajes, movimientos inmobiliarios y refacciones en una propiedad ubicada en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Entre esos datos aparece la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber cobrado US$245.000 en efectivo por trabajos vinculados a esa vivienda.
La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI, prepara un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Ese estudio deberá contrastar ingresos acreditados, bienes, deudas, gastos e inversiones. El propio requerimiento fiscal pidió que el trabajo permita identificar y cuantificar inconsistencias con sustento documental.
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Pollicita aguarda el resultado de ese informe para definir el próximo paso procesal. Si el análisis contable muestra diferencias relevantes, la fiscalía podría intimar a Adorni a presentar una justificación patrimonial. En caso de que esa explicación no resulte suficiente, el Ministerio Público podría pedir una declaración indagatoria, decisión que deberá evaluar el juez Lijo.
El caso vuelve a colocar en primer plano la evolución patrimonial de un ex funcionario de alto perfil dentro del Gobierno de Javier Milei. La Justicia intenta ordenar una trama de consumos bancarios, pagos en efectivo y compras atribuidas a terceros para establecer si existe correspondencia con los ingresos declarados. El resultado del informe técnico será determinante para saber si la causa avanza hacia una instancia de explicación formal ante los tribunales.
Fuente: NA














