El secreto de las privatizaciones ya llegó a la Justicia y apunta a un funcionario clave

La estrategia del Gobierno nacional para mantener bajo reserva las tasaciones de las empresas estatales que serán privatizadas comenzó a generar consecuencias judiciales. En el centro de esa decisión aparece Diego Martín Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), organismo creado en 2024 bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El abogado mendocino fue designado por el ministro Luis Caputo pocos días después de la creación de la agencia y desde entonces quedó al frente de uno de los aspectos más sensibles del proceso privatizador: la confidencialidad de los informes de valuación que sirven como referencia para la venta de activos públicos.

Ese esquema quedó formalizado el 1 de abril de este año, cuando la ATEP dictó la Resolución 1, mediante la cual declaró reservados todos los informes de tasación elaborados o por elaborarse para las privatizaciones. En los fundamentos de la medida se sostiene que "sin perjuicio del principio de publicidad que rige los actos de gobierno, corresponde resguardar los informes de tasación elaborados (...) hasta el perfeccionamiento de los procedimientos de selección correspondientes".

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La decisión modificó el nivel de acceso a información considerada clave para evaluar el valor de las empresas públicas incluidas en el plan oficial. Entre ellas aparecen Nucleoeléctrica, AySA, Intercargo, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas del Comahue, cuyas valuaciones quedaron a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El mecanismo comenzó a recibir cuestionamientos judiciales. Una de las presentaciones fue realizada por la Fundación Soberanía, de Neuquén, que denunció presuntas irregularidades en la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas y cuestionó la ausencia de una tasación pública previa. La causa tramita en el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca.

Según la presentación, la falta de una valuación conocida "configura una violación sustancial y esencial a los principios de legalidad y defensa del patrimonio público establecidos en la Ley de Reforma del Estado N° 23.696". La organización también cuestionó que el Ministerio de Economía rechazara un pedido de acceso a la información pública para conocer el contenido del contrato y de las tasaciones.

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El segundo expediente judicial corresponde a la privatización de Intercargo. Allí, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que la valuación realizada por el BICE se ubicó por debajo del valor real de la empresa. El caso quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, que aceptó al gremio como querellante y ordenó requerir información tanto al Ministerio de Economía como al propio banco.

Ambas presentaciones cuestionan la resolución firmada por Chaher y el esquema de confidencialidad aplicado sobre los informes técnicos. Los denunciantes sostienen que la reserva impide controlar el proceso y verificar si las empresas estatales fueron correctamente valuadas antes de su eventual privatización.

Antes de asumir la conducción de la ATEP, Chaher pasó por distintos directorios e intervenciones en empresas públicas. Entre ellas figura Nucleoeléctrica, donde permaneció como director aun después de la salida de Demian Reidel y Marcelo Famá, quienes dejaron sus cargos en medio de denuncias por presuntas irregularidades. También participó en intervenciones sobre EDUC.AR, medios públicos y reuniones vinculadas con la Casa de la Moneda.

Mientras tanto, el plan privatizador continúa. El próximo proceso previsto corresponde a Belgrano Cargas, cuya explotación podría concesionarse por 50 años. Según trascendió entre especialistas citados por Ámbito, existen al menos cinco grupos interesados, entre ellos un consorcio integrado por Bunge, Cargill, ACA, AGD y Louis Dreyfus, además de la empresa mexicana Ferromex y el Grupo Roggio. De repetirse el esquema de reserva aplicado hasta ahora, el proceso también podría terminar en los tribunales.