La Justicia santafesina aceptó un recurso de Fidulac y paralizó la licitación por lotes de activos, plantas y marcas de la histórica láctea.
La venta de los activos de SanCor quedó suspendida por decisión de la Justicia santafesina y el proceso de liquidación entró en una nueva etapa de revisión. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela hizo lugar a un planteo de Fidulac S.A., la firma vinculada al empresario Gustavo Scaglione. La resolución frena, por ahora, el esquema de venta fragmentada que había sido aprobado en primera instancia.
La medida tiene un efecto directo sobre la licitación que buscaba transferir plantas, marcas y otros activos de la histórica cooperativa láctea. La Cámara concedió “con efecto suspensivo” los recursos de apelación y nulidad presentados por Fidulac contra la resolución que aprobó el pliego. Eso significa que el cronograma de venta no podrá seguir su curso hasta que el tribunal revise el fondo del planteo.
El expediente se concentra en una decisión previa del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. El 11 de junio, ese juzgado había aprobado el pliego de bases y condiciones para vender los activos productivos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada. También había fijado los valores base de los lotes 1 a 7 y el calendario de licitación.
Ese esquema quedó ahora bajo revisión. La Cámara no resolvió todavía si el pliego es válido o inválido, pero sí entendió que el planteo de Fidulac debía ser tratado antes de que la venta produjera consecuencias difíciles de revertir. En ese punto, el fallo marca una pausa relevante dentro de una causa que combina intereses empresarios, acreedores, trabajadores y continuidad productiva.
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El conflicto procesal comenzó cuando Fidulac presentó un recurso de revocatoria con nulidad y apelación en subsidio contra la aprobación del pliego. El juez de primera instancia declaró “inexistente” esa presentación al considerar que no tenía firma ológrafa del apoderado de la empresa, sino una firma electrónica. Para la firma de Scaglione, esa decisión afectó el debido proceso y el derecho de defensa.
La discusión formal por la firma electrónica abrió la puerta a un reclamo de mayor alcance. Fidulac pretende que SanCor sea vendida como una unidad económica y no dividida en lotes separados. Ese punto es el núcleo del conflicto, porque el pliego aprobado proponía una venta fragmentada entre plantas industriales, marcas y otros activos.
El argumento de la empresa se apoya en el artículo 204 de la Ley de Concursos y Quiebras. Según esa interpretación, la venta de la empresa como unidad debe ser la primera alternativa de realización de activos en una quiebra. La fragmentación, en cambio, debería operar como una opción subsidiaria y con una justificación expresa.
El pliego suspendido dividía los activos de SanCor en siete lotes, con un precio mínimo total de USD 52,1 millones. Las seis plantas industriales representaban USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanzaba los USD 24,7 millones. Dentro de ese paquete, la marca principal estaba valuada en USD 18,7 millones y las submarcas, entre ellas Mendicrim, Tolem y Quesabores, en USD 6 millones.
Entre los interesados en los activos aparecen compañías del sector alimenticio y lácteo con presencia en el mercado nacional. En esa lista figuran Savencia, dueña de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, vinculada a la marca La Tonadita; y La Tarantela. La suspensión judicial modifica los tiempos de todos esos actores, al menos hasta que la Cámara se pronuncie sobre los recursos.
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El freno también impacta sobre el escenario laboral de la empresa. SanCor atraviesa una crisis profunda y la semana pasada se desvincularon 736 de los 914 empleados que tenía al inicio del proceso. Según el esquema acordado en la causa, se preservaron 178 puestos para mantener operativas las seis plantas que todavía funcionan.
La empresa arrastra además una parálisis productiva de alrededor de 60 días desde la firma de la quiebra a mediados de abril. Los salarios no se pagan con regularidad y la continuidad operativa depende de una estructura mínima de trabajadores. En ese contexto, cada demora judicial también pesa sobre la situación de las familias afectadas y sobre el futuro industrial de la cooperativa.
La Cámara aclaró que su decisión no implica adelantar opinión sobre el fondo del reclamo de Fidulac. El tribunal solo habilitó la revisión de una resolución considerada de fuerte impacto, porque fijaba valores y mecanismos de liquidación con consecuencias potencialmente irreversibles. Ahora, el expediente principal deberá ser elevado desde primera instancia para que se analicen los recursos de apelación y nulidad.
El futuro de SanCor vuelve así a quedar atado a una definición judicial. La pregunta central será si la láctea se vende por partes, como había dispuesto el pliego, o si debe priorizarse una propuesta integral. Mientras tanto, la liquidación queda suspendida y la histórica marca argentina suma otro capítulo en una crisis que ya modificó su estructura productiva y laboral.
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