La Justicia liberó al portero acusado de abuso infantil en el jardín de infantes de Empalme Graneros

El juez Rafael Coria dictó la medida tras las pericias en Cámara Gesell que descartaron indicadores de abuso sexual contra tres menores.

El juez Rafael Coria ordenó la inmediata liberación de R. L., un hombre de 55 años que se desempeñaba como portero en un jardín de infantes del barrio Empalme Graneros. La medida judicial modificó la situación procesal del empleado, quien se encontraba bajo prisión preventiva desde el pasado 10 de junio. La decisión se tomó luego de que las pericias en Cámara Gesell descartaron por completo las acusaciones iniciales por presuntos delitos contra la integridad sexual de tres menores.

Las entrevistas especializadas realizadas a los niños no arrojaron ningún tipo de indicador médico o conductual compatible con situaciones de abuso. Medios locales indicaron que «los niños no pudieron dar cuenta de los hechos descriptos en las denuncias ni mencionaron al portero», lo que desmoronó la apariencia de responsabilidad que pesaba sobre el trabajador. En ese marco, los investigadores comprobaron una inconsistencia clave en los turnos de asistencia de las presuntas víctimas.

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Se determinó que una de las menores concurría al establecimiento en el horario de la tarde, mientras que el agente de maestranza cumplía sus tareas en una franja horaria diferente. Los peritos concluyeron que «no existían posibilidades de que se cruzaran» en el edificio durante el tiempo de permanencia de los alumnos. Además, el personal docente y no docente del jardín ubicado en la intersección de La República y Cabal ratificó ante la fiscal Antonela Valente la estructura organizativa de la entidad.

Los compañeros de trabajo del imputado declararon que, por la organización del lugar, «el portero nunca permanecía a solas con los alumnos». Ante este escenario probatorio, el magistrado dispuso el cese de la medida de coerción sin perjuicio de que la investigación penal continúe su curso formal. Por otra parte, la causa había generado una profunda conmoción social que derivó en un intento de linchamiento por parte de un grupo de familiares contra el trabajador y los maestros.

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Para contener los desmanes de los manifestantes, las fuerzas de seguridad locales debieron realizar un fuerte despliegue en la zona. Debido a la gravedad institucional y la tensión vecinal, el Ministerio de Educación provincial dispuso en su momento la intervención integral del jardín número 261. Esta medida incluye la resolución de «reemplazar a todo el personal de la institución, directivos y docentes incluidos», disposición que se mantiene vigente mientras se completan las diligencias.

En paralelo, la justicia analizó la totalidad de las declaraciones del personal del establecimiento educativo para reconstruir la dinámica diaria. La fiscalía tomó nota de que la estructura del jardín impedía el contacto privado entre el personal de maestranza y los menores. En tanto, la resolución judicial pone fin a la detención del hombre de 55 años tras el agotamiento de las pruebas periciales iniciales.

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