La Cámara Federal ordenó unificar dos causas sobre la obra social militar y el rol de Francisco Adorni, denunciado junto a Luis Petri.
El expediente por el préstamo de $40.000 millones a la obra social de las Fuerzas Armadas cambió de juez y ganó volumen político. La Cámara Federal porteña ordenó que la investigación quede concentrada en el juzgado federal que subroga Sebastián Ramos. La decisión alcanza a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni, y contra el exministro de Defensa Luis Petri.
La medida no define responsabilidades penales, pero sí ordena el mapa judicial del caso. Los camaristas entendieron que dos expedientes que tramitaban en paralelo en Comodoro Py debían avanzar juntos por compartir contexto, organismos involucrados y posibles protagonistas. Esa unificación deja bajo una misma conducción la investigación sobre el IOSFA, el IAF y el manejo de fondos vinculados a la crisis de la obra social militar.
La denuncia que puso a Francisco Adorni en el centro fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora apuntó al rol que ocupó como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, conocido como IAF. En esa función, según la acusación, debía intervenir en el seguimiento, control o eventual renegociación del crédito otorgado al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El préstamo bajo análisis asciende a $40.000 millones y se vincula con la crisis financiera que atravesó el IOSFA antes de su disolución. La obra social militar llegó a acumular serias dificultades para responder a prestadores, tratamientos y obligaciones económicas. La investigación busca determinar si hubo malversación de fondos, administración irregular o incumplimientos en el circuito que unió al Ministerio de Defensa con organismos descentralizados.
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La acusación también incluyó a Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado nacional. El punto central es si las autoridades políticas y administrativas tuvieron responsabilidad en la gestión, control y destino de esos fondos. Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa inicial y deberá avanzar con medidas de prueba antes de cualquier definición procesal.
El caso había recaído originalmente en el juzgado de Daniel Rafecas, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano. La fiscalía advirtió que ya existía una causa previa donde se investigaban hechos similares vinculados al IOSFA. Por eso, pidió remitir el nuevo expediente al juzgado de Ramos para evitar investigaciones duplicadas.
La causa anterior, que tramita en el Juzgado Federal N° 9, incluye otros hechos bajo análisis. Allí se investigan compras directas de armamento y medicamentos por montos millonarios, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a la crisis financiera de la obra social y la solicitud del préstamo de $40.000 millones al IAF. Esa coincidencia fue el principal argumento para pedir la acumulación.
Ramos, sin embargo, había rechazado inicialmente quedarse con el nuevo expediente. Con aval del fiscal Ramiro González, sostuvo que existía una diferencia temporal relevante entre los hechos. El crédito original se habría gestionado en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni llegó al IAF recién en junio de ese año.
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El juez también planteó que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa. Además, consideró prematura la acumulación porque todavía faltaban medidas básicas, como la ratificación de la denuncia. Esa negativa abrió una contienda de competencia entre los juzgados de Rafecas y Ramos.
La definición quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia. El tribunal resolvió que ambas investigaciones deben tramitar juntas. La razón central fue que los expedientes comparten un mismo contexto fáctico e institucional, vinculado al Ministerio de Defensa y a organismos bajo su órbita durante un mismo período de gestión.
El fallo sostuvo que, “por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, correspondía que Ramos condujera una única investigación. La Cámara dejó abierta, de todos modos, la posibilidad de revisar esa decisión más adelante. Lo hizo “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión” si nuevas pruebas justifican separar los casos.
La resolución obliga ahora al juzgado de Ramos y a la fiscalía de González a ordenar el expediente bajo una misma línea de investigación. El foco estará puesto en el préstamo al IOSFA, el control sobre esos fondos y la relación entre los organismos involucrados. También deberán precisar qué intervención concreta tuvo cada funcionario denunciado y en qué momento.
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Francisco Adorni enfrenta además otro frente judicial. En el juzgado de Rafecas tramita una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, con pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán. Ese expediente corre en paralelo a la investigación patrimonial que también alcanza a su hermano, Manuel Adorni.
La acumulación ordenada por la Cámara deja una consecuencia inmediata para Comodoro Py. El caso del préstamo ya no quedará repartido entre dos despachos y pasará a tener una conducción única. El próximo movimiento dependerá de las medidas de prueba que impulse Ramos y de la decisión que tome Rafecas sobre el pedido de indagatoria en la causa patrimonial.
Fuente: Infobae
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