La fiscalía presentó la denuncia por peculado tras hallar la aparatología estatal en una clínica privada de la que los profesionales eran socios.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó la acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa. La investigación se centra en el robo de equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Según la fiscalía, los bienes fueron hallados en una empresa privada de neonatología de la cual ambos médicos eran socios.
La hipótesis fiscal sostiene que los acusados aprovecharon su condición de médicos del servicio de Neonatología y su acceso al equipamiento estatal. La fiscal señaló que «habrían sustraído bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y obtenían un beneficio económico».
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En la misma presentación judicial, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas inicialmente en la causa. El Ministerio Público Fiscal concluyó que dichos individuos no participaron del hecho investigado. La medida busca limpiar el proceso de los responsables que no tuvieron vinculación con el ilícito.
La causa judicial comenzó tras una denuncia del director general del hospital público por una irregularidad detectada por el Ministerio de Salud provincial. Durante una inspección, las autoridades advirtieron la posible «presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada». Este hallazgo disparó las medidas investigativas de la justicia.
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A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal dispuso el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa de las entidades involucradas. Se realizaron declaraciones testimoniales, inspecciones y registros para reconstruir los hechos. También se ejecutaron informes técnicos y periciales para determinar el origen de los bienes.
Las investigaciones permitieron el secuestro y la posterior restitución judicial de los equipos médicos al hospital público. En el marco de las pericias, se constató la presencia de seis equipos médicos en la terapia neonatal Neofénix. El lugar funciona en el segundo piso de una clínica privada en la calle Alvarado 858, en la ciudad de Salta.
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Los números de serie de los seis equipos médicos hallados en la clínica privada coincidían con los informados por el hospital denunciante. La fiscalía utilizó esta coincidencia como uno de los fundamentos principales para sostener la acusación formal. El procedimiento permitió identificar la procedencia ilegal de la aparatología.
La fiscal sostuvo que la conducta investigada «habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento». Además, la acusación destaca la vulneración de los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben cumplir los funcionarios públicos. El caso pone en evidencia el uso de cargos públicos para beneficio privado.
Por otra parte, la fiscalía subrayó que los médicos debían observar normas estrictas en el ejercicio de sus funciones dentro del nosocomio estatal. La acusación por peculado refleja la gravedad del uso de recursos públicos para fines particulares. La justicia continúa con el proceso tras la formalización de la denuncia contra Ubal y Murúa.
En ese marco, la fiscalía solicitó que se proceda con las acciones legales correspondientes por el delito de peculado. La investigación judicial ya cuenta con el secuestro de los bienes y la restitución de los mismos a la salud pública. El proceso judicial sigue su curso en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
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