La Policía Federal secuestró celulares, discos, libros contables y órdenes de pago en Sauce; investigan irregularidades por más de $150 millones.
La Policía Federal ingresó a la Municipalidad de Sauce, a la Auditoría Municipal y a viviendas de funcionarios en una causa por presuntos delitos contra la administración pública. Los procedimientos alcanzaron al intendente Carlos Raúl Romano y al auditor municipal Pablo Ignacio Gauna. La investigación apunta a un supuesto desvío de más de 150 millones de pesos de fondos públicos.
Los operativos se realizaron el 6 de julio de 2026 por orden del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá. La causa quedó bajo intervención de la subrogante Paola Eugenia Ramírez Navarro y de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, encabezada por Clara Belén Arrúa. En el expediente se investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública dentro del municipio correntino.
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El despliegue incluyó cinco allanamientos y una orden de presentación en distintos puntos de la ciudad. Además de la Municipalidad y la Auditoría Municipal, los efectivos intervinieron el Museo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y domicilios particulares. En esos lugares secuestraron documentación física, dispositivos electrónicos y registros vinculados a la ejecución presupuestaria de los últimos tres años.
Entre los elementos incautados figuran seis teléfonos celulares, una CPU, cuatro discos duros, memorias SD y DVD. También se llevaron libros contables, actas, resoluciones, recibos firmados, listados de personal, carpetas de órdenes de pago e informes de auditoría. Los investigadores señalaron que reunieron “gran cantidad de documentación de suma importancia probatoria para la causa”.
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La denuncia que originó el expediente fue presentada por la concejal María Griselda Zajur contra Romano y Gauna. El planteo apuntó a supuestas irregularidades en los informes de ejecución presupuestaria correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. También mencionó la presunta existencia de empleados municipales y funcionarios que figurarían como prestadores de servicios sin cumplir tareas reales.
El análisis contable preliminar sugiere que la maniobra investigada habría buscado ocultar el desvío de fondos públicos. Esa línea de investigación combina la revisión de documentación presupuestaria con los registros digitales secuestrados durante los procedimientos. La fiscalía deberá determinar ahora si los documentos respaldan la hipótesis de pagos irregulares, contrataciones simuladas o movimientos administrativos sin sustento real.
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Durante los allanamientos fueron identificados otros integrantes de la estructura municipal. Entre ellos figuran Irma Elvira Obregón Torossi, viceintendente; Rosana Argentina Rodríguez, secretaria municipal; Pablo Andrés Gamarra, del área legal; y Federico Ramírez, secretario de Economía y Finanzas. La presencia de esos nombres dentro del operativo no implica una acusación formal, pero los ubica dentro del relevamiento judicial sobre el funcionamiento administrativo de Sauce.
El intendente Romano, de UCR - Vamos Corrientes, quedó en el centro del caso pocos meses después de conseguir la reelección. En septiembre pasado se impuso por apenas 14 votos frente a Zajur, candidata de Construyendo Futuro, espacio aliado al peronismo. Esa diferencia mínima le dio continuidad política al jefe comunal, ahora investigado en un expediente que revisa tres ejercicios presupuestarios.
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De acuerdo con Impacto Corrientes, después de los procedimientos el jefe comunal sostuvo que la Municipalidad, desde el inicio, “se puso a total disposición de la Justicia”. El mismo medio informó que Romano entregó la documentación requerida y aportó información adicional para colaborar con el esclarecimiento. También agradeció el trabajo del personal contable y destacó el trato de las autoridades judiciales y de la fuerza federal.
El operativo estuvo acompañado por la fiscal Arrúa, la secretaria Letizia Vasconcel y personal especializado de la Superintendencia de Investigaciones Federales. También participó el Departamento Técnico del Cibercrimen, que intervino sobre los dispositivos informáticos utilizados para la administración de fondos. Esa parte del procedimiento será central para recuperar archivos, respaldos y movimientos digitales vinculados a la gestión municipal.
La investigación continúa con el procesamiento del material secuestrado y la evaluación de nuevas medidas dentro del expediente. Romano pidió disculpas a los vecinos que no pudieron realizar trámites por la interrupción de la atención durante la jornada. El próximo tramo dependerá del análisis contable, la apertura de dispositivos y la verificación judicial sobre el destino de los fondos públicos investigados.
Fuente: Infobae
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