El ex procurador general enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión por el uso de recursos del Ministerio Público para beneficio propio y familiar.
La fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar imputó a Sergio Enrique Lello Sánchez por peculado de servicio y uso personal de recursos del Ministerio Público de Acusación (MPA). El ex procurador de la provincia de Jujuy es acusado por el uso de bienes del organismo para beneficio propio y de su entorno familiar. La justicia busca determinar si existió una posible implicancia en el armado de causas judiciales durante su gestión.
La fiscal expuso en la audiencia que el imputado afronta la presunta comisión de veinte hechos de peculado en concurso real. Estos hechos habrían ocurrido en un período comprendido entre junio de 2021 y marzo de 2025. El ex funcionario, quien se defiende a sí mismo, es el centro de la investigación por el manejo de fondos públicos.
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En octubre de 2025, Lello Sánchez renunció a su cargo como procurador general de la provincia de Jujuy. La decisión se produjo luego de que la Legislatura lo suspendiera y solicitara su juicio político. El pedido de juicio se originó por el inicio de la investigación por peculado durante sus servicios al frente del MPA.
La causa judicial comenzó a partir de la denuncia presentada por varios ex fiscales de la provincia. Estos profesionales expusieron que fueron desplazados y hostigados por la cúpula del organismo. El medio Jujuy al Momento destacó que este fue el punto de partida para la investigación.
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Durante la etapa de instrucción de la causa, las autoridades realizaron un allanamiento en la sede central del MPA. En el operativo se incautaron diversos dispositivos electrónicos y celulares corporativos. También se secuestraron registros, legajos y equipos informáticos pertenecientes a la institución.
Por la acusación que afronta actualmente, se prevé una pena que ronda entre los 2 a 10 años de prisión. La sentencia incluiría además la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, este monto podría incrementarse si se confirma el concurso real para hechos independientes.
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En paralelo, la fiscalía continúa analizando la trazabilidad de los recursos del Ministerio Público de Acusación. El objetivo es establecer el alcance del beneficio obtenido por el entorno familiar del ex procurador. La investigación se mantiene abierta para determinar la magnitud del perjuicio patrimonial.
Además, la justicia evalúa la relación entre el uso de los recursos y las decisiones administrativas del organismo. Los ex fiscales denunciantes mantienen que el hostigamiento fue una práctica sistemática de la cúpula. La fiscalía busca reconstruir la dinámica de estos desplazamientos laborales.
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