El jabalí europeo se expandió por casi todo el país, causa pérdidas millonarias, transmite enfermedades y expone la falta de un plan nacional.
Los daños que deja el jabalí europeo ya no se limitan a campos rotos o cultivos perdidos. La especie se convirtió en un problema productivo, sanitario y ambiental para buena parte del país. En el agro estiman pérdidas de alrededor de 1.600 millones de dólares por año, mientras especialistas advierten que la expansión sigue sin una estrategia común entre provincias y Nación.
La preocupación crece porque el animal combina tamaño, fuerza y una enorme capacidad de adaptación. Los ejemplares adultos pueden superar los 200 kilos y suelen moverse en grupos, lo que multiplica el daño sobre alambrados, instalaciones rurales y cultivos. Francisco Pescio, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, lo resumió con una advertencia directa: “Los ejemplares adultos son enormes y pueden ser agresivos. Pesan más de 200 kilos y no andan de a uno, sino en manadas grandes. No me los querría cruzar ni enfrentar”.
El avance del jabalí europeo afecta especialmente a productores agropecuarios, pero el problema excede al campo. También alcanza a la fauna nativa, a parques nacionales, a zonas periurbanas y al sistema sanitario vinculado con la producción porcina. La especie figura entre las quince más invasoras del planeta y ya se encuentra presente en casi todas las provincias argentinas.
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La magnitud económica del daño explica por qué varias jurisdicciones la consideran plaga. “El daño que causan al agro es de unos 1.600 millones de dólares anuales, por lo que se lo considera plaga en varias provincias. Buenos Aires, por ejemplo, decretó la ‘caza plaguicida’ del jabalí”, señaló Pescio. Esa definición muestra que el problema dejó de ser una rareza rural para convertirse en una amenaza con impacto directo sobre la producción.
El origen de la especie en el país está ligado a una decisión tomada hace más de un siglo. Los primeros ejemplares llegaron a principios del siglo XX para la caza deportiva en La Pampa. “A principios del siglo XX, un grupo de estancieros trajo los primeros jabalíes europeos a la Argentina para la caza deportiva en La Pampa. Los dientes y las cabezas de estos animales son considerados trofeos, y además se aprovecha la carne y el cuero”, explicó el docente de la FAUBA.
Lo que comenzó como una práctica recreativa derivó en una expansión difícil de contener. La falta de depredadores naturales, la reproducción sostenida y la adaptación a distintos ambientes favorecieron el crecimiento de las manadas. El problema se vuelve más complejo porque los animales no reconocen límites administrativos y pueden desplazarse entre zonas con distinta presión de caza.
El riesgo sanitario suma otra capa de preocupación. El jabalí puede transmitir enfermedades a los cerdos domésticos, entre ellas triquinosis, hepatitis y peste porcina, con impacto particular sobre pequeños y medianos productores. Además, la carne que circula en ferias, restaurantes o elaboraciones caseras suele provenir de faena clandestina y queda fuera de los controles formales.
Pescio advirtió sobre ese circuito informal y los riesgos para consumidores. “Como no existe la producción formal, esta carne proviene de la faena clandestina. El consumidor no tiene forma de saber qué está comiendo ni qué riesgos corre. Algunos cazan jabalíes y elaboran conservas, fiambres y chacinados. Estos productos llegan a ferias y restaurantes sin controles sanitarios ni verificación de triquinosis”, afirmó. El planteo apunta a un vacío concreto: se caza al animal, pero no existe una cadena segura que ordene el consumo.
La salida sanitaria, según el especialista, requiere infraestructura habilitada. “Para poder consumirlo con seguridad, hace falta algo que hoy no existe: frigoríficos habilitados. Es el único eslabón que puede garantizar la cadena de frío y los controles sanitarios”, remarcó. El último establecimiento habilitado cerró en 2019, lo que redujo incentivos para cazadores registrados y debilitó el control de la especie.
La expansión también llegó a lugares donde el conflicto se vuelve visible para la población. Pescio mencionó el caso de un puestero que murió en Mendoza por el ataque de un jabalí y la aparición reciente de ejemplares en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Esos episodios muestran que el problema no queda encerrado en zonas rurales alejadas, sino que también alcanza áreas de contacto con barrios y periferias urbanas.
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Una experiencia citada como posible camino aparece en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos. Allí, el jabalí afectaba brotes y ejemplares jóvenes de palmera yatay, por lo que se implementó un programa con cazadores locales, controles sanitarios y participación de habitantes de la zona. “Con esta coordinación lograron controlar la invasión, generar ingresos a pobladores locales y abastecer a quienes más lo necesitaban”, relató Pescio.
El problema, para el docente de la FAUBA, es que esas acciones aisladas no alcanzan si no existe una política federal. “Las manadas de jabalíes no reconocen los límites provinciales. Al no existir un plan federal de manejo, las poblaciones crecen en zonas donde no se los caza y luego cruzan los límites hacia donde la presión de caza es menor. Así, los problemas que surgen de esta invasión biológica nunca se acaban”, señaló. La falta de coordinación deja zonas de control parcial y otras donde la especie sigue creciendo.
La respuesta pendiente combina decisión política, ciencia aplicada y coordinación territorial. Pescio pidió fortalecer a las universidades nacionales, al INTA, al CONICET y a otras instituciones capaces de asesorar a quienes toman decisiones. Sin ese esquema, el jabalí europeo seguirá moviéndose entre provincias, afectando cultivos, generando riesgos sanitarios y dejando al campo frente a una plaga que ya cuesta millones.
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