Policías acampan en Santa Cruz y el gobierno advierte con descuentos de haberes
Actualidad14/07/2026
REDACCIÓNGobierno advirtió descuentos de haberes a policías y penitenciarios por protesta de más de un mes en Caleta Olivia y otras localidades. Tensión escala.
El conflicto salarial del personal policial y penitenciario de Santa Cruz ingresó en una fase de máxima tensión, con la advertencia del gobierno sobre posibles descuentos de haberes para quienes no regresen a sus puestos. Esta situación se suma a la instalación de un nuevo campamento en Caleta Olivia durante la madrugada del lunes, que refleja la profundización de las medidas de fuerza. Las autoridades provinciales tampoco descartan aplicar sanciones a los principales referentes de la protesta, que ya lleva más de un mes en la provincia.
El acampe de Caleta Olivia se ubicó frente a la jefatura de la Unidad Regional Zona Norte, consolidando la protesta en la localidad. Este campamento se une a otros ya establecidos en diversas partes de la provincia, demostrando una extensión geográfica de la medida. Las primeras manifestaciones y acampes iniciaron previamente en la capital, Río Gallegos, marcando el comienzo de la disputa.
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Los uniformados han rechazado consistentemente las propuestas de incremento salarial presentadas por el gobierno provincial en las mesas del Consejo del Salario. Esta postura firme indica un desacuerdo persistente con las cifras ofrecidas, impidiendo el avance de las negociaciones. La falta de consenso se ha mantenido a lo largo de las diversas rondas de diálogo, sin lograr una propuesta que satisfaga las demandas del sector.
La última oferta salarial del Ejecutivo planteaba elevar el sueldo de un agente ingresante de $1.182.351 a $1.746.634, con aplicación a partir de julio. Sin embargo, esta propuesta fue considerada insuficiente por el personal policial y penitenciario, quienes aspiran a un mínimo de $2.200.000. La brecha entre lo ofrecido y lo solicitado constituye el principal escollo para destrabar el conflicto.
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Las negociaciones entre las partes parecen haber quedado completamente trabadas tras la advertencia del gobierno sobre posibles represalias. Esta situación agrava el escenario, ya que la mesa del salario no logró generar acercamientos significativos. La interrupción de un diálogo constructivo amenaza con prolongar aún más la medida de fuerza.
Uno de los voceros de los autoconvocados en Caleta Olivia, Víctor Corté, denunció públicamente que los representantes del Ejecutivo Provincial no acudieron a negociar, sino a «imponer» sus condiciones. Según Corté, la respuesta gubernamental se limitó a «amenazas, amedrentamientos y aprietes», lo que impidió cualquier avance real en las conversaciones. Estas declaraciones reflejan la percepción de falta de voluntad de diálogo por parte de la administración provincial.
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El mismo referente cuestionó la persistencia en ofrecer «cifras en negro» dentro de las propuestas salariales, una práctica que consideran perjudicial. Corté explicó que estos incrementos no impactan favorablemente en los haberes de los retirados y pensionados, generando una disparidad. Este punto representa un reclamo fundamental para asegurar que todos los miembros de la familia policial reciban beneficios justos.
En este marco, Víctor Corté manifestó la determinación del personal subalterno al asegurar que «no nos van a doblegar, esta es una lucha por un salario digno». El vocero afirmó que el sector se mantiene unido y que no depondrán la medida de fuerza hasta alcanzar un acuerdo que efectivamente cubra la canasta básica. Concluyó su mensaje enfatizando que las autoridades no comprenden la magnitud del reclamo: «No están entendiendo, no quieren entender. Nosotros estamos buscando un sueldo digno para la familia policial».
El rechazo a la última oferta gubernamental fue enfático, ya que el monto propuesto de $1.746.634 fue considerado insuficiente por los agentes. El personal policial y penitenciario continúa exigiendo un salario básico mínimo de $2.200.000, destacando la significativa brecha entre las propuestas oficiales y sus reclamos económicos. Esta divergencia persiste como el principal impedimento para la resolución del conflicto en curso.
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