Condenan a nueve años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez por irregularidades en el cargo
Actualidad14/07/2026
REDACCIÓNLa Audiencia Provincial de Badajoz también sentenció al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas por el mismo delito, cometido en 2017.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reaccionó duramente ante la condena contra el hermano del presidente español y calificó la resolución judicial como una «auténtica barbaridad». Para el dirigente socialista, el goteo constante de acciones judiciales contra el entorno del líder socialista resulta «insoportable». Esta situación, a su juicio, representa el «triunfo de la estrategia de la ultraderecha».
La condena fue impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La pena es de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La misma sanción recayó sobre el ex líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otros nueve acusados por idéntico delito.
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El fallo judicial se fundamenta en irregularidades detectadas en la designación de un puesto de trabajo en el año 2017. Según informó el diario español El País, el procedimiento se realizó “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar del mandatario. Este hecho contribuyó a enrarecer el clima político en el país europeo.
El cargo en cuestión era el de coordinador de conservatorios y fue otorgado en julio de 2017 por la Diputación de Badajoz. Dicha entidad se encontraba en ese momento bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Se trataba de un puesto de alta dirección que había sido creado en ese mismo período.
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Posteriormente, Sánchez Pérez-Castejón asumió la dirección de la Oficina de Artes Escénicas de la misma corporación. En esa función, también lideró el programa musical conocido como Ópera Joven. Su carrera en la diputación se extendió más allá del cargo inicial por el que fue condenado.
Desde el PSOE, Patxi López denunció que el procedimiento fue iniciado por sectores radicales. Afirmó que, tras el fracaso de acusaciones iniciales sobre fraude fiscal o enriquecimiento injustificado, persistieron hasta lograr una condena por prevaricación. El vocero comentó que «se iba por la persona, no por el delito».
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Además, el portavoz socialista alegó un dato contextual clave sobre el momento de los hechos. Argumentó que en la fecha en que se adjudicó la plaza en la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez no ostentaba la presidencia del Gobierno. Tampoco ocupaba la secretaría general del partido en ese entonces.
La defensa política del PSOE se centró en desacreditar el origen y la motivación del proceso judicial. Calificaron la seguidilla de causas como una persecución dirigida. La reacción de la agrupación fue un factor determinante en la tensión política posterior al fallo.
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