Proyecto gubernamental elimina requisitos y amplía facultades de corredores inmobiliarios

La iniciativa flexibiliza el acceso y elimina restricciones, permitiendo la operación de personas jurídicas y plataformas digitales en el sector.

El proyecto gubernamental de desregulación propone una profunda modificación del régimen de corretaje inmobiliario en Argentina. Los corredores inmobiliarios tendrán ahora facultades ampliadas, como realizar tasaciones y solicitar informes registrales. Además, podrán otorgar garantías en operaciones y representar a una de las partes en la ejecución del negocio, redefiniendo su rol profesional.

Para ejercer el corretaje, solo será necesario ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en el país. Esta nueva regulación deja atrás los requisitos vinculados con matrículas y exigencias profesionales establecidas por normativas provinciales y colegiaturas. De esta forma, se busca simplificar el acceso a la actividad en todo el territorio nacional.

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El proyecto prevé la derogación de diversos artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial que están vinculados al régimen vigente de los corredores. Esta medida busca un cambio profundo en la estructura legal que rige la actividad en Argentina. Así, se alinea con las políticas de flexibilización del mercado impulsadas por el Gobierno nacional.

Esta propuesta se enmarca en la política de desregulación integral promovida por la administración de Javier Milei. El sector inmobiliario ha sido históricamente uno de los más regulados dentro del ámbito comercial argentino, según se ha señalado. Por lo tanto, la iniciativa apunta a una transformación estructural de su funcionamiento.

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El texto legislativo incorpora la posibilidad de que la actividad sea desarrollada tanto por personas humanas como por jurídicas. Además, habilita expresamente la utilización de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios inmobiliarios. Estas herramientas buscan modernizar y dinamizar el corretaje en todo el país.

Cualquier regulación sobre el corretaje deberá ajustarse a principios fundamentales como la libre competencia, la igualdad de acceso y la transparencia. Estos pilares buscan garantizar un marco equitativo para todos los participantes del mercado inmobiliario. De esta manera, se promueve un entorno más abierto y menos restrictivo para el desarrollo de la actividad.

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El objetivo principal de la propuesta gubernamental pasa por eliminar restricciones para el ejercicio de la actividad de corretaje. Además, busca promover una mayor competencia en el sector, facilitando la entrada de nuevos actores y modalidades de servicio. Esta iniciativa forma parte de un extenso paquete de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Para la elaboración de esta propuesta, el funcionario Federico Sturzenegger recibió la visión de profesionales del área. Entre ellos, se destaca la participación de Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint. Esta empresa es una start up que se ha asentado recientemente en el mapa inmobiliario argentino.

La propuesta considera incompatibles con los principios de libre competencia diversas exigencias regulatorias. Entre ellas, se menciona la obligación de residencia en una jurisdicción determinada para ejercer la profesión. Asimismo, quedan sin efecto la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para los honorarios y comisiones de los corredores.