Soberanía en peligro: la reforma que entrega los ríos y el mar argentino a banderas extranjeras

Bajo el argumento de eliminar sobrecostos y flexibilizar los mercados, la iniciativa de desregulación que prepara el Poder Ejecutivo representa un ataque directo a la marina mercante nacional y a la soberanía sobre las vías navegables del país. El anteproyecto de 144 páginas promueve la derogación del Decreto-Ley 19.492 de 1944 —la piedra angular que resguardó durante más de ocho décadas el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos para la bandera propia— para entregar el cabotaje fluvial y marítimo a navieras y armadores internacionales, condenando a los buques y talleres navales locales a una competencia desleal e insostenible.

El aspecto más gravoso de la medida impacta directamente sobre los puestos de trabajo del personal embarcado. El nuevo régimen contempla una ventana de gracia de 90 días en la que las embarcaciones de bandera extranjera podrán navegar y comerciar en aguas argentinas sin estar obligadas a contratar un solo marinero o técnico local, eludiendo además el sistema de seguridad social y los aportes previsionales del país. La promesa de una incorporación gradual de mano de obra nacional que alcanzaría el 75% recién al año de operaciones continuas resulta una ficción operativa ante la capacidad de la flota internacional para rotar cascos y tripulaciones extranjeras precarizadas antes de cumplir los plazos legales.

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A la pérdida de la reserva de carga se le suma un desmantelamiento explícito de los derechos laborales a bordo y de las herramientas de organización gremial. La reforma establece que las bolsas de trabajo sindicales perderán su carácter vinculante para convertirse en entes meramente consultivos, habilitando la libre contratación individual y abriendo la puerta a la aprobación automática de excepciones laborales por silencio administrativo positivo si el Estado no responde en diez días. En simultáneo, el proyecto quita a la Prefectura Naval Argentina la potestad de fiscalizar la dotación de explotación operativa, delegando en la ganancia del armador la decisión de cuántos marineros son necesarios para llevar adelante la faena comercial en altamar.

La supuesta búsqueda de "competitividad" se completa con un golpe de gracia a la industria naval argentina. La eliminación de los derechos de importación al 0% para buques nuevos o con hasta 20 años de antigüedad que ingresen a la matrícula local incentiva la compra de cascos en desuso del mercado internacional en lugar de financiar la construcción en astilleros nacionales. Lejos de representar un avance técnico o un hito de modernización, la propuesta ahonda la dependencia logística, destruye puestos de trabajo calificados en las costas del país y cede el control del transporte de nuestras riquezas a corporaciones extranjeras.