Máximo Kirchner impulsa una ley para que los acuerdos con el FMI se debatan en el Congreso

La iniciativa presentada por el diputado nacional busca limitar al Poder Ejecutivo en la toma de deuda externa, exigiendo aprobación parlamentaria para cada operación.

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) ingresó al Congreso un proyecto de ley para que la aprobación de cada acuerdo del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pase por el ámbito parlamentario. La propuesta busca que las operaciones de crédito con organismos financieros internacionales requieran una ley particular y especial del Congreso, donde se detalle el tipo de deuda, el monto máximo, el plazo de amortización y su destino.

La presentación de la iniciativa se produce mientras la titular del FMI, Kristalina Georgieva, anunciaba su llegada a la Argentina tras ocho años para llevar adelante una agenda de trabajo con el Gobierno de Javier Milei. El espíritu del proyecto, según supo la agencia Noticias Argentinas, es limitar al Poder Ejecutivo la firma de nuevos acuerdos con el FMI sin discusión previa en el Congreso nacional.

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El proyecto, que consta de 22 artículos, propone generar una ley especial para cada crédito, establecer topes y prohibir el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para estas cuestiones. Además, busca declarar «nulos de nulidad absoluta» los acuerdos que atribuyan condiciones a la regulación del movimiento de capitales en el país, lo que apunta a blindar la soberanía económica.

La iniciativa cuenta con el apoyo y la firma de 15 diputados más del bloque de Unión por la Patria, incluyendo a Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin y Agustín Rossi. De esta forma, la propuesta se presenta para derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsando su reemplazo por un régimen más amplio y con mayor control democrático.

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El texto apunta directamente al DNU 179/2025, con el cual el gobierno nacional instrumentó un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, equivalentes a unos 20.000 millones de dólares, sin la consideración del Congreso. Las acciones que no cumplan con esta nueva normativa serían revisadas y, posiblemente, declaradas de nulidad total o de inoponibilidad internacional, responsabilizando a los funcionarios intervinientes por los daños al Estado nacional.

El proyecto también establece una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales. Esta comisión tendría acceso total a todos los documentos de los programas sin límites de confidencialidad y facultad para convocar obligatoriamente a funcionarios del Poder Ejecutivo, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación.

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En cuanto a la regulación macroprudencial, el artículo ocho confirma las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos y aplicar límites a la formación de activos externos. El artículo nueve prohíbe que cualquier acuerdo con organismos financieros internacionales contenga cláusulas que obliguen a desmantelar estas regulaciones, bajo pena de nulidad total en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales.

La propuesta se basa en un antecedente de 2018 donde la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI registró divisiones internas del equipo sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en un caso argentino. En ese momento, en mayo de 2018, 45.100 millones de dólares salieron del país en concepto de formación de activos externos del sector privado, frente a 44.500 millones de dólares aportados por el FMI.

La disposición transitoria del artículo 20 marca un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto que ratifique o rechace el programa vigente con el FMI. En tanto, la ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de ambas cámaras, buscando así resguardar su aplicación ante eventuales revisiones futuras.