Investigan fraude con retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia y PAMI
Policiales07/08/2026
REDACCIÓNInvestigan a exfuncionarios por fraude en desvinculaciones laborales. Se habrían realizado en el SECLO en lugar de por escritura pública.
Un presunto esquema de irregularidades en el plan de retiros voluntarios del Ministerio de Justicia habría utilizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Según la denuncia, esta operatoria se implementó para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA, aunque la reglamentación oficial exigía que el trámite se realizara mediante escritura pública ante escribano.
La presentación sostiene que esta modalidad generó la facturación y el cobro de honorarios profesionales que no estaban contemplados en la resolución ministerial. Además, la acusación incorpora testimonios que señalan que una gran cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo abogado, a quien no habrían elegido de manera libre y directa.
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La denuncia penal fue presentada ante la Justicia Federal por el periodista Fernando Miguez, como presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. La presentación apunta contra María Florencia Zicavo, ex jefa de Gabinete del ministerio; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa; el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y otras personas que puedan ser identificadas durante la investigación.
Uno de los puntos centrales de la presentación es el pedido para determinar si el mismo mecanismo fue replicado en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La denuncia solicita investigar si el traslado de exfuncionarios del Ministerio de Justicia, como Zicavo y Montero, a la conducción del PAMI implicó la implementación de un modelo de gestión similar para la desvinculación de personal en el organismo de salud.
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Por otra parte, la denuncia enumera una serie de posibles delitos a investigar, entre los que se incluyen negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración pública. También se mencionan el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.
El escrito aclara expresamente que todos los hechos que se exponen constituyen hipótesis que deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado que intervenga. De esta manera, la presentación no implica afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad de los acusados.
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En paralelo, fuentes gubernamentales consultadas por la agencia Noticias Argentinas desmintieron de forma rotunda la denuncia. Afirmaron que todos los procesos de retiro voluntario se llevaron adelante sin ningún tipo de inconvenientes.
Como parte de las medidas de prueba, la denuncia solicita requerimientos de documentación a distintos ministerios y organismos descentralizados, además de la revisión de registros societarios y patrimoniales. También se pide la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la citación a declaración testimonial de varias personas.
El documento judicial expone también presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunos de los imputados. Asimismo, el denunciante requirió que se analicen supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional.
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