El Gobierno extiende un plan para deudas de obra pública con cambios para contratistas
Actualidad07/08/2026
REDACCIÓNLa medida, que incorpora el mantenimiento vial, clarifica las condiciones de renuncia a reclamos y da más tiempo para la inscripción.
El Gobierno Nacional prorrogó la fecha límite para la adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública hasta el 12 de agosto de 2026, inclusive. Esta extensión se instrumentó a través de la Resolución 3/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, debido a cambios de fondo en la normativa.
La principal modificación establece un nuevo alcance para la renuncia a reclamos, beneficiando a las empresas contratistas. Inicialmente, la adhesión requería que los firmantes renunciaran a cualquier tipo de crédito o reclamo vinculado al contrato en cuestión.
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Con la reciente resolución, la exigencia de renuncia se circunscribe únicamente a los créditos y reclamos devengados en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Esta aclaración busca evitar futuras controversias y dotar de mayor seguridad jurídica a los convenios.
Además, la nueva normativa exceptúa de esta renuncia a las acreencias que provengan de certificados, redeterminaciones de precios o actos administrativos. Estos trámites deben estar pendientes de emisión, aprobación o dictado al momento de suscribir el acuerdo.
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De esta forma, las empresas que se adhieran al régimen conservarán su derecho a percibir o reclamar por aquellos procesos que todavía sigan pendientes de resolución en las distintas oficinas estatales. La Secretaría de Coordinación de Infraestructura fue la encargada de instrumentar estas modificaciones.
La ampliación del plan también incorpora las deudas referidas al mantenimiento de rutas nacionales. Esto incluye obligaciones por adquisición de materiales y provisión de servicios para el mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional.
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Esta medida beneficiará de forma exclusiva a las contrataciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Las operaciones deben haberse efectuado bajo los regímenes de los decretos de contratación del Estado 1023/2001 y 1030/2016.
El régimen simplificado permite al Estado cancelar obligaciones mediante la entrega de títulos públicos. Este mecanismo abarca conceptos como certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios.
Todas estas deudas deben corresponder al período especificado, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. La prórroga del plazo y los cambios introducidos buscan asegurar una mayor concurrencia de los contratistas registrados.
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