Un tribunal de apelaciones dictaminó por 2 a 1 que el proyecto de 400 millones de dólares requiere la aprobación del Congreso y aplazó su decisión durante 14 días.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos aplazó su decisión durante 14 días para darle al gobierno la oportunidad de apelar el fallo que bloquea la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca. Esta medida prepara un posible enfrentamiento ante la Corte Suprema por el controvertido proyecto impulsado por Donald Trump.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia fue dictaminado el viernes con una votación de 2 a 1. La decisión respaldó a un tribunal inferior al determinar que la Casa Blanca “muy probablemente” carecía de autoridad para demoler y reconstruir el Ala Este para un proyecto valuado en 400 millones de dólares.
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Los jueces afirmaron que el Congreso tiene “pleno control constitucional sobre la propiedad federal y la financiación de su mantenimiento y desarrollo”. En ese sentido, señalaron la “ausencia de cualquier autorización expresa o implícita” que otorgue al presidente la capacidad de construir el salón de baile, según reportó la cadena CBS News.
En su dictamen, los magistrados que conformaron la mayoría escribieron que «Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva». Agregaron que «el presidente no tiene —ni reclama— autoridad constitucionalmente asignada sobre esa propiedad, que está diseñada y mantenida para el uso de todos los presidentes, actuales y futuros, y para el pueblo estadounidense».
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Además, los jueces remarcaron el carácter inédito de la iniciativa presidencial. «No tenemos constancia de ningún caso en la historia de Estados Unidos en el que un presidente, de forma unilateral y utilizando fondos privados, haya demolido partes sustanciales de la Casa Blanca cuya construcción había sido autorizada por el Congreso y financiada por los contribuyentes estadounidenses», declararon los jueces en su escrito, y añadieron: «Hasta ahora».
La opinión mayoritaria fue redactada por los jueces Patricia Millett, nominada por Barack Obama, y Bradley Garcia, nominado por Joe Biden. Por su parte, la jueza Neomi Rao, quien fue nominada al tribunal federal por Trump, emitió un voto disidente.
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Tras conocerse la decisión, Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social donde calificó el fallo de «horrendo, políticamente motivado e ilegal». El mandatario anunció que su administración «apelará de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos».
El presidente alegó también que la paralización de las obras pone “en grave peligro la vida y el bienestar de las personas que trabajan y trabajarán en la Casa Blanca”, ya que afectaría la construcción de un búnker subterráneo. Sin embargo, el fallo del tribunal inferior, que fue ratificado, permite explícitamente que continúen las obras en el búnker presidencial.
Por otra parte, Brent Leggs, presidente y director ejecutivo del National Trust for Historic Preservation, manifestó estar “satisfecho” con el fallo judicial. Leggs sostuvo que «La Casa Blanca, un hito mundial que simboliza la identidad estadounidense y los ideales de la democracia, pertenece al pueblo estadounidense» y destacó la relevancia de la decisión en el marco del 250° aniversario de la Declaración de Independencia.
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