Mayoristas denuncian un costo laboral de $30.000 millones y critican una medida de Sturzenegger

La Cámara Mayorista cuestionó aportes obligatorios para el comercio, advirtiendo que su reglamentación contradice la reforma laboral.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) criticó una reglamentación de la reforma laboral y la vinculó directamente con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La entidad advirtió que el resultado de la normativa se aleja de la intención original que atribuía a los cambios impulsados por el Gobierno. Para los mayoristas, el nuevo esquema conserva obligaciones económicas que consideran incompatibles con una mayor libertad para los empleadores.

El reclamo apunta a un mecanismo que obliga a las empresas alcanzadas por el convenio colectivo de empleados de comercio a realizar contribuciones al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad empresaria, estos pagos se mantienen incluso cuando los trabajadores involucrados no reciben capacitación alguna. El problema, para CADAM, excede el monto y se centra en la obligación de sostener estructuras que las compañías no eligieron.

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La cámara estimó que el sistema representa una recaudación anual superior a los $30.000 millones. De acuerdo con su planteo, dichos recursos se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, a pesar de que las compañías que realizan los aportes no necesariamente integran esas entidades de forma voluntaria. Allí radica la principal diferencia que el sector mayorista marca entre una contribución decidida por una empresa y una obligación impuesta.

En ese marco, la entidad expresó su rechazo de manera contundente y sostuvo que una empresa debería poder determinar libremente si quiere aportar a una cámara, asociación u otra institución. «No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan», afirmó CADAM en su comunicado. El cuestionamiento no busca impedir el financiamiento de estas organizaciones, sino debatir el carácter obligatorio del pago.

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El conflicto tomó una nueva dimensión con el Decreto 612/2026, que establece que las contribuciones de empleadores en convenios colectivos deben destinarse a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural para los trabajadores. No obstante, CADAM interpreta que esta regulación no resuelve el problema de fondo y podría mantener cargas que, desde su perspectiva, contradicen el objetivo de reducir costos laborales.

Desde la cámara advirtieron sobre la inconsistencia de la medida con el espíritu de la reforma. «Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto», señaló la entidad. Con esta postura, cuestionan que una modificación reglamentaria pueda reintroducir las mismas obligaciones.

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El punto que genera mayor resistencia es cómo los convenios colectivos imponen cargas económicas a empresas que no participaron directamente de su negociación. CADAM sostiene que una compañía puede quedar obligada a pagar aportes aunque no forme parte de las cámaras que reciben esos fondos. La discusión se concentra en quién decide el destino de ese dinero y bajo qué condiciones se aplica la obligación.

Por otra parte, la cámara de distribuidores y autoservicios mayoristas solicitó formalmente que las compañías puedan elegir de manera voluntaria si realizan aportes a entidades empresarias. Sostienen que esa decisión debe corresponder a cada empleador y no surgir automáticamente de una negociación colectiva en la que no se sienten representados. El reclamo vuelve a poner en el centro del debate el alcance de los convenios.

Para los mayoristas, la cuestión también tiene una dimensión económica concreta que impacta en su estructura de costos. Los aportes obligatorios forman parte de los gastos asociados a cada trabajador alcanzado por el convenio de comercio. Por este motivo, la entidad considera que una reforma orientada a reducir cargas debería revisar también este tipo de mecanismos.