Denuncian que obras en las rutas 3 y 5 tienen un avance menor al 27% por desvío de fondos

La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal por la presunta malversación de más de un billón de pesos del SISVIAL que debían financiar trabajos viales.

Las obras de conversión en autovía de un tramo de la Ruta Nacional 5 presentaban, a mayo de 2026, un avance físico de apenas el 16,89%. En el caso de la Ruta Nacional 3, el progreso registrado en la misma fecha para el segmento entre San Miguel del Monte y Gorchs era del 26,95%.

Ambos proyectos, financiados parcialmente con el crédito internacional CAF 11744, contemplaban una estructura con un 70% de aporte externo y un 30% de contraparte nacional. Sin embargo, informes de auditoría del período 2024 constataron un 0% de ejecución de los fondos locales, pese a la disponibilidad de recursos en el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

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En este contexto, la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal. La presentación apunta contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Según la documentación incorporada en la causa, al 31 de mayo de 2026 el SISVIAL acumulaba más de $1,001 billones invertidos en plazos fijos y títulos públicos. A esa cifra se suman otros $37.761 millones que se encontraban sin movimiento en cuentas bancarias.

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En total, se trata de más de $1,038 billones que no se utilizaron para el avance de las obras de vialidad. Al respecto, Tolosa Paz afirmó que «mientras al 31 de mayo había más de un billón de pesos del SISVIAL en inversiones, las obras comprometidas y el mantenimiento de las rutas permanecían paralizados o con avances mínimos».

El análisis financiero de los últimos dos años y medio revela una subejecución del 73,8%. Durante ese período, el fideicomiso recaudó $1,503 billones, pero solo se destinaron $394.406 millones a su propósito legal.

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La legisladora también cuestionó la falta de coherencia en la gestión financiera del proyecto. «La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros», sostuvo.

La denuncia exige a la Justicia que adopte medidas cautelares urgentes para preservar pruebas y evitar la destrucción de documentación vinculada a la gestión de estos fondos desde enero de 2024. Se pide resguardar correos electrónicos, legajos, registros contables e información bancaria.

La presentación judicial solicita que se investigue la posible comisión de delitos de malversación agravada de fondos públicos y administración fraudulenta. También se mencionan el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la realización de negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo.