Denuncian por el delito de estrago a funcionarios nacionales por el estado de las rutas

La denuncia a Economía, Transporte y Vialidad es por subejecución de fondos y si el deterioro vial generó riesgo para la vida o delito de estrago.

Una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional busca que la Justicia Federal investigue la posible comisión del delito de estrago por el estado de las rutas. La presentación sostiene que la conducta de los responsables pudo haber generado un peligro concreto para la vida de las personas que circulan por la red caminera del país.

El escrito, impulsado por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, también imputa los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Entre los acusados se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.

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Además, la presentación incluye a Fernando Cortés, subsecretario de Transporte Automotor; Francisco Díaz Vega, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; y Darío Wasserman, presidente del Banco Nación. La denuncia deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación a otros funcionarios si surgen nuevos elementos en el proceso judicial.

Uno de los ejes centrales de la acusación se refiere a una presunta malversación de fondos específicos para infraestructura. Los denunciantes afirman que el Estado recaudó cerca de $1,5 billones que estaban destinados a rutas y obras viales, pero que una parte de ese dinero no habría sido utilizada para los fines previstos.

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Por otra parte, la presentación judicial cuestiona la falta de relevamientos sistemáticos y actualizados sobre las condiciones de los caminos. Según los abogados, la ausencia de información sobre el estado de los pavimentos y el mantenimiento impide adoptar medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad.

El escrito plantea una relación directa entre estas omisiones y la seguridad de los conductores. «La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera», sostiene la denuncia.

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En ese marco, los denunciantes incorporaron datos sobre un supuesto aumento de la siniestralidad vial en el país. Citaron declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien señaló que, según relevamientos no oficiales, las muertes en rutas nacionales «se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años».

Para avanzar con la causa, los abogados solicitaron diversas medidas de prueba, incluyendo la citación a declarar de Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. También pidieron a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación de Estado de Pavimentos desde 2019 y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la información disponible sobre siniestros desde ese mismo año.

Finalmente, los denunciantes pidieron incorporar como antecedente el expediente tramitado en el Juzgado Federal de Venado Tuerto. En esa causa se ordenó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional la reparación urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33.