Martín Redrado propone un plan para solucionar la morosidad crediticia sin costo fiscal
Política11/08/2026
REDACCIÓNEl economista asegura que el inconveniente no es solo entre privados y busca involucrar al Banco Central para dar una solución a casi seis millones de personas.
Casi 6 millones de personas en Argentina enfrentan dificultades para afrontar sus obligaciones crediticias, según los últimos datos disponibles. Este escenario motivó una propuesta del economista Martín Redrado que involucra al Estado en la solución.
El ex titular del Banco Central presentó una iniciativa para resolver la morosidad crediticia, insistiendo en que la solución no debe implicar un costo fiscal ni cuasifiscal. Su objetivo es evitar cualquier impacto negativo en las cuentas públicas.
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Redrado aseguró que el inconveniente de la morosidad crediticia «no es un problema entre privados», contradiciendo la postura oficial. Por esta razón, su propuesta detalla que la ejecución de las medidas debiera estar a cargo del Banco Central.
El economista publicó su iniciativa con una redacción similar a la de una norma del Banco Central, detallando sus alcances. Establece que las refinanciaciones notificadas hasta el 31 de diciembre de 2027 no serán consideradas para la degradación de la clasificación crediticia de los deudores.
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Esta medida aplica para aquellos deudores que presenten dificultades financieras con motivo de un impacto significativo en su deterioro crediticio. El Banco Central sería el encargado de recibir estas notificaciones de las entidades financieras y proveedores no financieros de crédito.
Además, tales refinanciaciones se excluirán para el cálculo de la pérdida crediticia esperada sobre el deudor y para la constitución de mayores previsiones regulatorias. Esto aplicará siempre que se cumpla puntualmente con el pago de las cuotas emergentes de esas nuevas facilidades.
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La propuesta contempla un plazo de 90 días para el cómputo de ese cumplimiento, con carácter de tratamiento especial, hasta el 30 de abril de 2027. Esta disposición busca otorgar un margen más amplio a los deudores durante un período inicial.
En tanto, desde el 1 de mayo de 2027, el plazo para el cómputo de los días de atraso será de 30 días, de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables en la materia. Esto establecería una vuelta a las normativas habituales luego del período especial.
El Gobierno nacional sostiene que se trata de un «problema entre privados» y que los bancos ya están refinanciando los créditos en mora con sus clientes. Sin embargo, la propuesta de Redrado busca una intervención directa de la autoridad monetaria para abordar el problema de forma integral.
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