¿Parálisis en plantas de pesca ante el cierre prematuro de la zafra de langostino?
Chubut10/08/2026
REDACCIÓNEl incremento del poder de captura agotó las zonas de pesca en tres meses y las empresas reclaman pasar a un sistema de cuotas para sostener el empleo.
El ritmo acelerado de las capturas en altamar amenaza con dejar inactivas a las plantas procesadoras de la Patagonia dos meses antes de lo previsto. La combinación de aperturas rápidas de áreas operativas y el despliegue de barcos fresqueros capaces de extraer hasta 70 toneladas diarias de langostino provocó la irrupción masiva de merluza en las redes, marcando el fin biológico de la temporada nacional. Esta situación deja a cientos de obreros del procesamiento en tierra frente a una brecha de inactividad que se extenderá hasta mediados de noviembre, cuando comience la zafra en aguas jurisdiccionales de Chubut.
La dinámica actual de pesca libre generó una sobreoferta puntual en los mercados internacionales que derrumbó las cotizaciones del marisco sin aportar beneficios sostenibles a la cadena productiva. La flota pesquera completa logró capturar en tan solo tres meses los volúmenes que históricamente requerían cinco meses de navegación continua. En declaraciones con #LA17, el CEO del Grupo San Isidro e integrante de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Damián Santos, advirtió que "hacemos descender el precio por una mayor oferta y acabamos muy rápido la temporada", lo que genera pérdidas operativas a las empresas y deja sin trabajo a las cuadrillas en tierra.
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El modelo extractivo actual evidencia muestras de agotamiento ante el esfuerzo creciente que imponen las embarcaciones de última generación sobre el recurso marino. La posibilidad de pescar sin límites individuales presiona a los armadores a volcar todo el potencial operativo desde el primer día de habilitación de los caladeros. Para preservar el techo de 200.000 toneladas anuales y dar estabilidad a los empleos en los muelles, la dirigencia empresarial plantea una reforma estructural del esquema regulatorio vigente.
La solución debatida en el sector apunta a abandonar las carreras de captura e implementar un régimen de cuotificación individual por buque que otorgue previsibilidad. La fijación de cupos permitiría ordenar la navegación, extender el tiempo de permanencia en el mar y abastecer a las fábricas en tierra de manera continua. Durante el diálogo con #LA17, Santos remarcó que "la cuotificación permitiría una pesca muchísimo más ordenada", permitiendo cumplir los objetivos de la Ley Federal de Pesca sobre el valor agregado en origen.
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Frente al parate del langostino, las plantas de procesamiento buscan alternativas de reconversión mediante la industrialización de especies tradicionales como la merluza hubbsi. Si bien la cotización internacional de este pescado blanco resulta atractiva, la viabilidad de su procesamiento en buques fresqueros requiere un acuerdo de costos entre empresarios, marineros y gremios terrestres. El objetivo consiste en adaptar la estructura de costos para lograr un margen operativo razonable que evite el cierre prolongado de las fábricas.
La búsqueda de eficiencia productiva choca de manera directa con las distorsiones tributarias que aplica el Estado en todos los eslabones de la economía marítima. El consumo interno de pescado soporta una alícuota del IVA del 21%, lo que complica la competencia comercial frente a las carnes rojas que pagan el 10,5%. Esta desventaja impositiva se suma a las tasas de habilitación municipal, impuestos a los ingresos brutos, cargas sociales sobre la nómina salarial y percepciones al cheque que encarecen el producto final.
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Las gestiones entabladas con la administración central no lograron hasta el momento reducir la presión fiscal sobre las exportaciones marítimas. La inflexibilidad del Gobierno nacional para proteger el equilibrio presupuestario frena cualquier modificación en los derechos de exportación que gravan a los barcos de la flota pesquera. En las declaraciones concedidas a #LA17, el representante de CAPIP admitió que "atado a demasiados dogmas hace que no puedan mover otros", dejando en suspenso las promesas oficiales de alivio impositivo que las empresas esperan para mantener la actividad regional.
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