Permiso de pesca de calamar hasta 2050 agudiza conflicto con Buenos Aires
Actualidad13/08/2026
REDACCIÓNEl Gobierno asignó 18 permisos de pesca, solo uno con base en Mar del Plata. La provincia denunció discriminación y se retiró del Consejo Federal Pesquero.
Uno de los 18 permisos para la explotación de calamar otorgados por el Gobierno nacional tendrá vigencia hasta el año 2050. La autorización fue recibida por la empresa Glaciar Pesquera, perteneciente al Grupo Newsan y vinculada al empresario Rubén Cherñajovsky, en un reparto que generó un fuerte conflicto con la provincia de Buenos Aires.
El eje del enfrentamiento es la distribución de las nuevas habilitaciones, que tienen plazos de duración de entre siete y 24 años. Del total de 18 autorizaciones, solo una fue asignada a una empresa con base en el puerto de Mar del Plata, mientras que las restantes quedaron vinculadas a terminales de Chubut y Santa Cruz.
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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, criticó duramente el criterio de selección de los proyectos. Para el funcionario provincial, la decisión del gobierno de Javier Milei perjudica la estructura productiva y laboral de la pesca marplatense. Rodríguez también puso en duda la rapidez con la que se aprobaron las propuestas.
En ese marco, el ministro afirmó que «Quedó en evidencia la discriminación arbitraria hacia Buenos Aires, y en particular Mar del plata, en una actividad estratégica como es la pesca del calamar argentino». Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que la medida afecta a un sector clave para la economía local.
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La pesca de calamar representa una actividad de gran magnitud económica para el país. Genera exportaciones por hasta 550 millones de dólares anuales y sostiene alrededor de 1.100 puestos de trabajo directos e indirectos. Argentina captura más de 190 mil toneladas por año, y durante el último período el volumen explotado registró un crecimiento del 47%.
Por otra parte, desde la provincia de Buenos Aires también cuestionaron las condiciones de los proyectos en relación con la construcción naval. Rodríguez señaló que ninguna de las propuestas aprobadas contempla la fabricación de los buques en astilleros nacionales. Esta situación fue calificada como una oportunidad perdida para la industria argentina.
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«Ninguno de los proyectos aprobados contempla la construcción de buques en la Argentina», sostuvo el ministro bonaerense. El funcionario recordó que las cámaras empresarias habían solicitado plazos mayores para que los astilleros pudieran preparar proyectos de construcción, una cuestión que consideran central para ampliar el empleo.
Como respuesta a la distribución de los permisos, el gobierno de Buenos Aires decidió retirarse del Consejo Federal Pesquero. La provincia tomó distancia del organismo al considerar que el proceso de aprobación no contempló sus intereses. Esta medida convierte el reparto de las autorizaciones en un nuevo foco de tensión institucional.
Además, el gobierno bonaerense cuestionó que varias de las empresas beneficiadas no tienen previsto descargar sus capturas en Mar del Plata. Según Rodríguez, algunas de estas firmas están radicadas en territorio bonaerense, pero presentaron proyectos que no incluyen a ese puerto como destino de descarga, profundizando el impacto económico local.
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